Regularizar a quien viene a trabajar

España necesita inmigración. La necesita en sectores concretos, en determinadas zonas y para sostener una realidad laboral que ya no cubre con recursos propios. En ese contexto, regularizar a quienes ya están aquí y quieren trabajar tiene sentido, como herramienta para ordenar una situación que, de otro modo, sigue creciendo al margen.

La mayoría de los extranjeros que llegan lo hacen para trabajar. Esa es la realidad que se ve a pie de calle: personas que buscan un empleo, estabilidad y una oportunidad. Se incorporan a sectores donde falta mano de obra, cumplen, y se integran. Sobre ese perfil debe pivotar cualquier medida de regularización.

Ahora bien, junto a ese grupo hay otro que no responde a ese patrón. Un porcentaje menor, pero presente, que no viene a trabajar ni a integrarse, sino a aprovechar las grietas del sistema. En muchos casos, con conductas reiteradas que generan problemas de convivencia, requiriendo intervención policial y consumiendo una cantidad ingente de recursos: policiales, judiciales, sociales, administrativos y sanitarios. Esto no es una apreciación teórica, es lo que reflejan las actuaciones diarias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los servicios sanitarios, sociales y de la Administración de Justicia.

Los sindicatos policiales llevan tiempo advirtiendo de la presión creciente sobre los recursos policiales en materia de extranjería y de la necesidad de que cualquier proceso de regularización no ignore esa realidad.

Ourense es un ejemplo de ello. Actualmente, existen tres dependencias de Policía Nacional: la Comisaría Provincial en la ciudad de Ourense, la Unidad de Extranjería y Documentación de Verín y la Unidad de Documentación de O Barco de Valdeorras. Sobre el papel, una estructura suficiente. En la práctica, una red tensionada.

En la Comisaría Provincial, el servicio de expedición de DNI y pasaporte, que también asume trámites relacionados con extranjeros, presenta un déficit de personal administrativo que ha obligado a detraer efectivos de otras áreas e incluso a destinar policías de servicios operativos a funciones de gestión. A ello se suma que, en 2025, se han tenido que retirar tres agentes operativos para prestar servicio en el medio rural con el vehículo de documentación, ampliando la cobertura territorial, pero reduciendo aún más la capacidad operativa.

La situación en Verín no es mejor. La Unidad de Extranjería y Documentación asume funciones clave: expedición de TIE, asignación de NIE, autorizaciones de regreso, solicitudes de asilo o prórrogas de estancia, entre otros trámites. Sin embargo, arrastra vacantes en puestos administrativos que deben ser cubiertas por policías, que simultanean estas tareas con su labor operativa. Todo ello con un catálogo de puestos de trabajo que no se ha actualizado desde 2007, claramente desfasado respecto a la realidad actual.

En O Barco de Valdeorras, la Unidad de Documentación, creada para atender a una comarca con dificultades de acceso a la capital, presenta también carencias estructurales. Las plazas administrativas están vacantes y son los propios agentes quienes asumen la expedición de DNI, pasaportes y tarjetas de identidad de extranjeros, sumando funciones a una plantilla ya limitada.

Con la suma de la Oficina de Correos de Progreso, el INSS de Eduardo Barreiros y la Oficina de Extranjería de la Subdelegación se plantea una regularización extraordinaria que podría afectar a cientos de personas en Ourense en un corto espacio de tiempo. El impacto en estas unidades sería inmediato. Más expedientes, más trámites, más citas, sin un refuerzo previo de medios. La consecuencia es previsible: retrasos, saturación y un sistema aún más en precario.

No es suficiente con establecer un procedimiento amplio y dejar que todo entre. Hay que filtrar. Y para filtrar, hay que valorar todos los elementos disponibles, no solo las sentencias firmes. Los antecedentes policiales, aunque no sean condenas, aportan información relevante: intervenciones previas, conductas detectadas, situaciones que han alterado el orden y la Seguridad Ciudadana.

Regularizar no puede equivaler a igualar situaciones que no lo son. Quien acredita trabajo, arraigo y una trayectoria limpia no puede estar en el mismo plano que quien acumula incidencias o ha sido objeto de actuaciones reiteradas. Si se pierde esa distinción, el mensaje es claro: da igual cómo se esté en el país, porque el resultado será el mismo.

El planteamiento debería ser sencillo: facilitar la regularización a quien trabaja y respeta las normas, y actuar con rapidez frente a quien no lo hace. En los casos donde hay infracciones o delitos, la respuesta ha de ser firme, incluyendo la expulsión cuando proceda.