Uno de los secretos mejor guardados de la vida sindical española de todos los tiempos es el número real de liberados sindicales existentes, es decir, de trabajadores que cobran su sueldo y en lugar de ir a su puesto de trabajo realizan “funciones sindicales“, no profesionales. Se les paga por no trabajar para la empresa sino para el sindicato y no es posible controlar ni su asistencia real ni su horario ni su dedicación. Luego, además, están los llamados delegados sindicales, que dedican parte de su jornada laboral a “tareas de representación sindical” y parte a su puesto de trabajo.
En España hay unos 350.000 representantes sindicales, esa cifra sí es conocida. Sin embargo, la de los liberados sindicales continúa, en tiempos de transparencia, siendo un arcano. Según un estudio aproximativo de la CEOE se calcula que hay unos 4.200 liberados sindicales en el sector privado, sobre una base laboral de casi 12 millones de trabajadores. Sin embargo, el número de liberados sindicales en el sector público es de unos 10.000 empleados sobre una base laboral de unos dos millones y medio de empleados púbicos. Es decir, hay una inflación totalmente infundada de liberados sindicales en el sector público (sanidad, policías, enseñanza, función pública etc) que implica una forma encubierta de subvención injustificada de las administraciones públicas hacia los sindicatos.
En el ámbito de la sanidad pública es casi imposible conocer el número de liberados, dada la transferencia de competencias y personal a las 17 comunidades autónomas.
Con ocasión de la pandemia del COVID-19, se ha vuelto a poner manifiesto la insolidaria e injusta (por desigual) consideración y exigencia de estos liberados. El sector de la sanidad -pública- alcanza la cifra de 515.312 sanitarios, y se calcula que los liberados pueden ascender a la cifra de unos 2.000.
La crisis del coronavirus ha cogido, en consecuencia, al sistema sanitario español colapsado, con los sanitarios desbordados y padeciendo altos porcentajes de contagio, con 2.000 sanitarios que no acuden a su puesto de trabajo porque están “liberados” y protegidos por el sistema sindical mientras el resto de sus compañeros se juega literalmente la vida.
¿Qué ha hecho el gobierno ante esta situación moral y deontológicamente insostenible e indefendible? La orden ministerial que Salvador Illa ha dictado con ocasión de la adopción de medidas excepcionales en materia de personal sanitaria por causa del coronavirus se limita, en una clamorosa cesión ante la presión de los sindicatos, a establecer que los liberados “podrán” reincorporarse voluntariamente a la realización de funciones asistenciales. Lo que debería ser una obligación y una necesidad se convierte en una impresentable opción personal que abre la puerta a la insolidaridad más reprochable.
Es verdad que el sindicato CSIF ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias y de seguridad a sus liberados sindicales desde el 13 de marzo, pero la UGT se limita a hacerlo localmente y CCOO (los comunistas) se ha limitado a hacer un vago comunicado de que irá incorporando a sus profesionales sin abandonar las secciones sindicales, mientras la CGT (los anarquistas) guarda silencio.
Dicha actitud ha levantado un clamor general de protesta entre los sanitarios que, filiaciones sindicales o ideológicas aparte, están doblando turno y dejándose la piel en atender a las personas afectadas por coronavirus. Los tuits y mensajes en redes sociales denunciando dicha insolidaridad se han hecho virales. Hay unos 2.000 sanitarios que no están, salvo honrosas excepciones, prestando el servicio público porque están siendo protegidos por los sindicatos y por este desgraciado gobierno.
La buena voluntad de CSIF no basta, pese a estar muy por encima, moral y deontológicamente, de la vergüenza sindical de los demás. Hay que ponerlos a trabajar a todos. Y hay que hacerlo ya.
