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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni acaba de sacar adelante una de las leyes más importantes de su mandato, la reforma de la ley electoral que supondrá que el partido que alcance el 42% de los votos contará con otros setenta escaños más en la Cámara de los Diputados y otros 35 senadores en la Cámara Alta. La modificación del sistema electoral, sin el consenso de la oposición, obedece a una maniobra que tiene por objeto mantenerse en el poder el mayor tiempo posible.
En el caso italiano, cuya vida política ha estado sometida a numerosos episodios de inestabilidad y bloqueo por la ausencia de mayorías suficientes y la dispersión del voto, podría hacer pensar que se trata de una reforma beneficiosa para la realización de una obra política sin sobresaltos. Pero como está acreditado, en el caso del sistema electoral italiano, y en tantos otros, es que las reglas que sirven para que un partido gobierne con holgura y sin depender de pactos o negociaciones ha servido también para la alternancia cuando las circunstancias lo han requerido. En el caso italiano esta es la quinta modificación de la ley electoral en los últimos treinta años.
Italia está llamada a las urnas en el otoño del próximo año, y la aprobación de la ley electoral puede ser un factor para que Meloni decida adelantarlas. Sin embargo, en este caso pillaría a todos los partidos con el pie cambiado.
Además, se da la circunstancia de que el gobierno que encabeza Giorgia Meloni es uno de los más longevos con los que ha contado Italia, pero la aparición de un nuevo contendiente por el lado de la extrema derecha, el exgeneral Roberto Vanacci y su formación Futuro Nacional, ha generado inquietud no solo en Fratelli d’Italia, la formación de Meloni, sino en sus socios de coalición, La Liga y Forza Italia, porque se trata de una figura en ascenso que puede complicar las expectativas de la coalición gobernante y que de paso añade un nuevo factor de riesgo para la política italiana, porque la búsqueda de la estabilidad política puede salir malparada si ninguna formación o coalición de partidos alcanza el 42 por ciento de los votos, por lo que volverá a utilizarse el sistema de representación proporcional estricto en la asignación de escaños y volvería a repetirse la fragmentación del Parlamento.
La ley electoral, o “ley estafa” como la denominan los partidos de la oposición, tendrá que pasar el filtro del Tribunal Constitucional italiano, porque muchas de las medidas que contiene son muy controvertidas, tanto en la asignación de los setenta escaños de más, por el porcentaje fijado que aparece en la norma para reclamar los escaños y que puede considerar escaso, o que las coaliciones deban designar su candidato a primer ministro, cuando esta es una competencia del presidente de la República.
Italia está llamada a las urnas en el otoño del próximo año, y la aprobación de la ley electoral puede ser un factor para que Meloni decida adelantarlas. Sin embargo, en este caso pillaría a todos los partidos con el pie cambiado. Los socios de la formación de Meloni no pasan por sus mejores momentos y la aparición de Vanucci les complica sus expectativas, pero en la oposición de centroizquierda las cosas tampoco pintan mejor, aunque los sondeos actuales les dan la victoria en las urnas. El Partido Democrático y el Movimiento Cinco Estrellas, tendrían que celebrar primarias y elegir un candidato sobre el que no se ponen de acuerdo.
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