La ministra y la quimera de la vivienda asequible

Así es, y esta vez quiero recoger la problemática del acceso a la vivienda en España desde el análisis de la Unión Europea, concretamente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. De entrada, la OCDE cuestiona la eficacia de imponer topes a los precios. Es decir, las zonas tensionadas, -según los parámetros de la Ley Estatal de Vivienda del 25 de mayo del 2023-, y cuyo evidente fracaso se constata contundentemente en la ciudad de,A Coruña. Añadir en este punto que una “zona tensionada” es siempre un fracaso. Algunos alcaldes o alcaldesas, -siguiendo las directrices de la fallida Ley Estatal de Vivienda-, son especialistas en crearnos aun mas problemas, en materia de accesibilidad a la vivienda, para hacernos creer que tienen una solución. Así se podría sintetizar la falta de planificación y planteamientos resolutivos en el galimatías normativo del urbanismo y la vivienda. Y es que la declaración de zonas tensionadas, agrava y complica aun mas la accesibilidad a la vivienda de nuestros jóvenes y personas económicamente vulnerables, destruyendo el número de viviendas en alquiler habitual, y contribuyendo aun mas a aumentar la presión en los municipios limítrofes de aquellos que ya han optado por ponerlas en marcha.

Pero sigamos con el análisis de la OCDE. en el cual nos subraya la complejidad de gravar las viviendas vacías con mas carga impositiva, como el incremento del IBI, en un aviso a navegantes, y dirigido concretamente a las administraciones locales.

En definitiva, el mercado de la vivienda necesita normativas claras, concretas, legibles, agrupadas con una desburocratización real del galimatías urbanístico y una simplificación eficiente de los trámites administrativos urbanísticos.

Dicho lo cual, el gobierno de Pedro Sánchez en una injustificable decisión económica-política, aún agrava todavía más esta problemática. La cual, es la primera preocupación de todos los españoles y españolas, y así se manifiesta en todas las encuestas recientes. Y me explico; en este mismo mes de diciembre, El Ejecutivo de Pedro Sanchez, ha renunciado a 60.000 millones de euros de los prestamos concedidos a España por parte de la Comisión Europea. Lo cual significa, de facto, la renuncia de 4.000 millones de euros presupuestados y destinados a aumentar el parque de vivienda social asequible.

Y todo ello en un contexto, en el cual, según se destaca en su “Estudio Económico de España 2025”, es considerablemente elevado el porcentaje de personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda asequible en España. Recordando en este punto, una vez más, que la presión sostenida de la demanda no se ve compensada por un aumento adecuado de la oferta, apunte en el cual personalmente vengo incidiendo en los últimos años de manera reiterativa. Y una vez más, vemos como también se recomienda priorizar en el avance de una nueva Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, así como la agilización y digitalización de los procedimientos de desarrollo urbanístico para liberar suelo edificable, especialmente en zonas de alta demanda, y con la seguridad jurídica correspondiente para que atraiga inversiones.

En este sentido, recomienda a España definir claramente la desocupación, y adoptar un sistema impositivo que aumente en función de la duración de la desocupación y la ubicación, lo que permitirá a los municipios definir zonas de presión urbana y ajustar los tipos impositivos en consecuencia para garantizar que las medidas se adapten a las condiciones del mercado inmobiliario local.

En definitiva, el mercado de la vivienda necesita normativas claras, concretas, legibles, agrupadas con una desburocratización real del galimatías urbanístico y una simplificación eficiente de los trámites administrativos urbanísticos.