¿Por qué es oportuno incluir los tratamientos termales en el Sistema Nacional de Salud?

De un tiempo a esta parte se prodigan las contribuciones académicas que justifican y animan la inclusión de la balneoterapia en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud español. Como muestra, baste con asistir a las sesiones divulgativas organizadas periódicamente en el Liceo de Ourense por el Dr. Gestal Otero, director de la Cátedra de Hidrología Médica de Santiago, para conocer las principales prescripciones de la cura termal en el tratamiento de enfermedades reumáticas, dermatológicas, respiratorias y de otra índole médica. No obstante, avanzar en el debate de la propuesta suscitada requiere cuando menos atender a tres cuestiones básicas, ¿cuáles son los objetivos de nuestro Sistema de Salud?, ¿cuál sería el impacto financiero de ampliar su cartera de servicios? y ¿cuál es el procedimiento normativo que permitiría actualizar la legislación vigente al respecto?

Al objeto de dar respuesta a la primera de las preguntas formuladas, en estas mismas páginas ya hicimos referencia en su momento a la normativa reguladora del Sistema Nacional de Salud español que, de forma literal, contempla entre sus fines la “prestación de una atención integral a la salud, comprensiva tanto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad como de la curación y rehabilitación”. Un pronunciamiento que, en buena medida, recoge el enfoque adoptado a mediados del siglo pasado por la OMS y permite asumir que el marco conceptual de la Salud y de sus políticas transciende la estricta atención terapéutico-sanitaria a los ciudadanos. En este sentido, un notable colectivo de profesionales ha puesto el acento en los beneficios de las prácticas termales a la hora no solo de tratar distintas patologías, sino de prevenir trastornos de salud y de posibilitar un envejecimiento poblacional con mayor calidad de vida.

Con respecto al impacto financiero de la posible ampliación de las prestaciones del Sistema de Salud español, es imprescindible hacerse eco del Informe sobre el Gasto en Salud en España, elaborado por la profesora González López-Valcárcel y el profesor Lago Peñas, y presentado la pasada semana en el Congreso de los Diputados. Una ilustrativa y destacada aportación de sendos expertos en la materia que, amén del pertinente análisis de situación propio de este tipo de estudios, han sabido proponer un buen número de recomendaciones que no deberíamos pasar por alto. Y en relación al debate que nos ocupa son destacables algunas consideraciones: 1) el envejecimiento de la población es uno de los principales impulsores del gasto sanitario, 2) la inversión en prevención es la estrategia más rentable para garantizar la sostenibilidad fiscal y sanitaria del Sistema de Salud, y 3) la solución financiera no pasa por fragmentar el sistema en compartimentos estancos como sanidad o servicios sociales.

Finalmente, a la hora de dar respuesta a la cuestión relativa al procedimiento normativo que permitiría ampliar el catálogo de servicios prestados por el Sistema Nacional de Salud, la principal referencia son las lúcidas contribuciones de Sofía Salgado, una brillante investigadora del Campus Agua de Ourense que ha destacado las profundas contradicciones que envuelven nuestro marco legislativo y limitan su funcionalidad. En tal sentido, si bien la normativa vigente reconoce el carácter sanitario de la hidrología y de los balnearios, incoherentemente excluye a estos últimos (y al uso de las aguas) del ámbito de prestación de los servicios comunes del Sistema de Salud, al equiparar tales centros con establecimientos de ocio, descanso y mejora estética o cosmética. Una incongruencia que requiere una urgente subsanación, en la medida en que alcancemos a comprender la transcendencia que ello supone para el bienestar de los ciudadanos y para el devenir de aquellos territorios castigados por el envejecimiento, la despoblación y el declive económico.