Carlos Risco
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El próximo día 28, el pleno del CGPJ elegirá al presidente o presidenta de la Audiencia Provincial de Ourense. Los nombramientos están siendo polémicos en esta ultima etapa -o mejor dicho, ya agotada- del órgano de gobierno del Poder Judicial. Ahora corresponde el turno para esta elección cuando han sido examinados los candidatos a la plaza y solo se está así pendiente de la votación.
Ourense no es una presidencia cómoda. Hay muchos problemas abiertos en la Audiencia ourensana, como el nuevo edificio judicial que se ha convertido en el gran foco de conflicto de los últimos años por la deficiencias que existen en el acondicionamiento y habitabilidad para los trabajadores de la administración de justicia, incrementados por la pandemia de la covid-19.
Distintos órganos judiciales ourensanos soportan una excesiva carga de trabajo, agravada por los rescoldos de la huelga de 2018, como es el caso de que dos juzgados de primera instancia están colapsados por el volumen de asuntos que manejan, mientras que los otros cinco restantes tienen menos. En el ámbito penal es muy llamativa la situación del Juzgado de Instrucción 3, que además de llevar los asuntos de violencia de género hace las guardias normales.
La justicia ourensana, como la del resto de Galicia, es rehén de una planta y demarcación judicial que siguen estando alejadas de nuestra realidad poblacional y territorial. Y, funcionalmente, nuestros jueces y magistrados aportan una de las más elevadas cargas de trabajo de todo el Estado, sin que se atiendan, por ejemplo, peticiones de juzgados de guardia de 24 horas.
Desde la presidencia de Ourense se deberán abordar estos problemas y hacer valer su voz en la sala de gobierno del TSXG.
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