Sociedad deshumanizada

Maricarmen es ya un símbolo de la deshumanización de nuestra sociedad. Un proceso que, viniendo de lejos, adquiere hoy naturaleza casi cotidiana, amenazando a crecientes capas de población, con indiferencia de edad y sexo, de renta y formación. La aceleración e intensificación de la inversión inmobiliaria como un jugoso negocio para la especulación es el sino de los tiempos de casino que vivimos. Nos aboca a sociedades donde, bajo formas crecientemente depuradas, el hombre se convierte en un lobo para el hombre.

Maricarmen es el penúltimo caso de esta ciega acción deshumanizadora; también, por fortuna, de alguna solidaridad que, en la práctica, muestra su absoluta impotencia ante la apisonadora del Derecho que nos hemos dado. Maricarmen ha sido la inquilina de un piso durante muchos años. Tantos, que se trataba de un contrato de arrendamiento firmado por su padre en los años cincuenta, después subrogado en su madre y más tarde por la propia Maricarmen. Un contrato de los llamados de renta antigua. En los últimos años, un nuevo propietario trató de actualizar el alquiler, una barrera imposible de salvar por la arrendataria, pensionista. Después de todas las demandas, recursos y demás pautas propias de la Justicia en defensa de las partes, llegó la comunicación de desahucio que se ha hecho efectivo este pasado miércoles.

La Administración, amparada en la Constitución, tiene el deber de actuar proactivamente no ya para evitar desahucios de ancianos, sino para atender la acuciante necesidad de vivienda

El caso de Maricarmen ejemplifica la incapacidad de nuestra sociedad, a través de la actuación de las distintas Administraciones, para prever y atender con dignidad, decoro y, sobre todo, efectividad, estos casos que nunca debieran llegar a producirse. La Administración, amparada en la Constitución, tiene el deber de actuar proactivamente no ya para evitar desahucios de ancianos, como ha sido el cruel caso de Maricarmen, sino para atender la acuciante necesidad de vivienda; hasta en 800.000 ha cifrado el Banco de España el déficit actual en nuestro país. Un problema del que todos los grupos políticos parecen ser conscientes, pero que no acaban de encarar, bien por diferencias ideológicas para hacer prevalecer los intereses de parte, o por lo enmarañado de las competencias entre distintas administraciones.

La actual polarización política opera más en favor de diseñar propuestas para ser arrojadas a la cabeza del rival político que en la búsqueda de un punto de encuentro entre los intereses complementarios de propietarios y promotores, por un lado, e inquilinos y demandantes de una vivienda por otro. El caso brutal de Maricarmen, y con él el de cientos de miles de arrendatarios y jóvenes en busca de una vivienda en propiedad, ejemplifica el mal funcionamiento del sistema cuando se abandona a las puras leyes del mercado. La falta de diálogo y entendimiento político actual extenderá en el tiempo estos dramas, aumentando el desasosiego colectivo y fragilizando la confianza en las instituciones.