La vivienda: el negocio perfecto del Gobierno de Sánchez

Mientras millones de españoles renuncian a comprar una vivienda, retrasan su emancipación o destinan más de la mitad de su salario al alquiler, el Gobierno insiste en vender una realidad paralela. Habla de derecho a la vivienda, de justicia social y de políticas progresistas. Pero los datos cuentan otra historia: nunca había sido tan difícil acceder a una casa y nunca el Estado había obtenido tanto beneficio de cada vivienda construida, comprada o heredada. España se ha convertido en uno de los países europeos con mayor presión fiscal sobre la vivienda. No hablamos únicamente del momento de la compra. El ciudadano paga cuando adquiere una vivienda, paga mientras la mantiene y vuelve a pagar cuando la transmite. IVA o Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, IBI, IRPF, plusvalías, impuestos sobre el patrimonio, sucesiones… La lista parece diseñada para recordar al propietario que su casa nunca termina de ser completamente suya. Diversos análisis concluyen que el conjunto de la carga fiscal puede alcanzar hasta el 62% del precio de adquisición de una vivienda a lo largo de todo su ciclo de vida. Es decir, el mayor socio de cualquier propietario no es el banco, sino la Administración.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue empeñado en buscar culpables en cualquier sitio menos en el espejo. La culpa siempre es de los fondos de inversión, de los promotores, de los propietarios o de los apartamentos turísticos. Nunca de unas políticas públicas que han convertido la vivienda en una fuente inagotable de recaudación y en un laboratorio permanente de intervencionismo. Cada nueva medida llega acompañada de un gran titular, pero rara vez de resultados. La ley de vivienda prometía aliviar el mercado y hoy el acceso a una vivienda sigue deteriorándose. Los controles sobre los alquileres han generado incertidumbre entre muchos propietarios y, según numerosos analistas, han contribuido a reducir la oferta disponible en determinadas zonas. Cuando hay menos viviendas en el mercado y la demanda sigue creciendo, el desenlace es tan previsible como inevitable: los precios aumentan y quienes más sufren son precisamente los jóvenes y las familias con menos recursos.

La vivienda necesita menos ideología y más sentido común. Menos impuestos, menos trabas administrativas, más suelo disponible, mayor seguridad jurídica y un marco que incentive la inversión en lugar de demonizarla.

El problema es un Ministerio de Vivienda desnortado. La vivienda es cara porque durante años se ha desincentivado la construcción, se ha multiplicado la burocracia, se ha disparado la inseguridad regulatoria y se ha castigado fiscalmente a quienes invierten en crear nuevas viviendas. Sin oferta suficiente, cualquier política acaba siendo un simple parche.

Resulta paradójico escuchar al Gobierno de Sánchez reclamar más vivienda asequible mientras mantiene una de las mayores cargas fiscales de Europa sobre el sector. Se anuncian miles de viviendas públicas que tardarán años en materializarse, pero se ignora que el grueso del parque residencial seguirá dependiendo de la iniciativa privada. Sin seguridad jurídica, sin incentivos fiscales y sin estabilidad regulatoria, difícilmente habrá inversión suficiente para responder a una demanda creciente.

La vivienda necesita menos ideología y más sentido común. Menos impuestos, menos trabas administrativas, más suelo disponible, mayor seguridad jurídica y un marco que incentive la inversión en lugar de demonizarla. Porque cuando el Estado recauda como si cada vivienda fuera un lujo, acaba convirtiendo el derecho a acceder a ella en un privilegio reservado para cada vez menos ciudadanos.