Las 134 antenas urbanas de Ourense: negocio en la azotea con letra pequeña

La comunicación se ha convertido en un pilar fundamental de la sociedad y la falta de cobertura perjudica el desarrollo económico. La ciudad de Ourense y su entorno cuentan actualmente con 134 estaciones base de telecomunicaciones activas, según datos del Ministerio de Industria recogidos por Antenasgsm.

El mapa muestra cómo la mayoría se concentra en la zona centro -Progreso, Santo Domingo, Concordia o Pizarro-, bajando notoriamente su presencia en barrios periféricos como Barrocás (calle Chano Piñeiro) o Mariñamansa (avenida de Zamora y Padre Sarmiento). El 93% de las estaciones (124) cuenta con red 4G y casi la mitad (65) ya ofrece tecnología 5G. El sector se reparte entre cuatro operadores.

Detrás de esta red de infraestructuras existe una realidad inmobiliaria: las operadoras abonan a las comunidades de vecinos un alquiler por sus azoteas. Según los expertos, los contratos iniciales son tan largos que, con el tiempo, se desactualizan, mermando los derechos del propietario y reduciendo la rentabilidad.

Estrategias

“La estrategia de las compañías consiste en agotar el plazo de vigencia y dilatar el acuerdo. El contrato vence y la instalación queda en situación de precario”, apunta Alfonso Ramírez, de Civic Consultores, firma que maneja varios casos de este tipo. La comunidad se enfrenta entonces a la disyuntiva de aceptar las condiciones previas o recurrir a una demanda de desahucio.

Desde la consultora indican que esto deriva de la falta de conocimientos técnico-legales y del temor a perder la antena. “No están imponiendo nada tampoco. Hoy en día existe la posibilidad de asesorarte. Hay que mirar antes de firmar cosas que, cuando las lees sin tener mucha idea, ya empiezas a detectar que eso chirría; por ello es clave que los propietarios se informen y miren qué están firmando”, añade Ramírez.

Por su parte, la abogada Miriam Sáez señala que los operadores no tienen problema en que el tema llegue a la Justicia con tal de alargar el proceso: “Cada día que pasa, ellos ganan económicamente”. Sin embargo, destaca que en su experiencia gestionando litigios, la balanza casi siempre se inclina a favor de las comunidades.

Desde la consultora recuerdan que el operador es el principal interesado en mantener la antena instalada para poder operar. Por ello, al renegociar suele alcanzarse un acuerdo in extremis. Las comunidades buscan retener la infraestructura adecuando el contrato al mercado actual. “Las actualizaciones de renta son considerables y pueden alcanzar incrementos del 150%”, concluye Ramírez.

Impacto y normativa

Más allá del aspecto económico, estas infraestructuras suelen generar debate entre los vecinos por la salud. Sin embargo, la evidencia científica y la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirman que estas instalaciones, incluidas las redes 5G, operan muy por debajo de los límites de seguridad conservadores establecidos internacionalmente. Las ondas emitidas son de baja energía y no ionizantes. De hecho, existe la falsa creencia de que residir debajo de la instalación es perjudicial, cuando, paradójicamente, proyectan la señal hacia el exterior y no verticalmente, reduciendo la exposición en el inmueble.

A nivel normativo, aunque la Ley General de Telecomunicaciones ampara el despliegue de las operadoras, la decisión final en un edificio privado recae en sus habitantes. Para instalar o mantener una antena en la azotea, la normativa exige el voto favorable de las tres quintas partes (3/5) de los propietarios que representen 3/5 partes de las cuotas de participación (requiriendo unanimidad si afecta a la estructura). Percibir esta renta exige, por tanto, un consenso vecinal mayoritario.