El 50% de la obra de la avenida de Portugal, sin hacer

Opain, la empresa adjudicataria de las obras de la avenida de Portugal, ha impugnado la resolución de su contrato y ha solicitado la nulidad del proceso administrativo anunciado por el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, sitúa al gobierno local en el centro de una trama de asfixia financiera y presunta “desviación de poder”, según la constructora, que niega el abandono unilateral de la obra y sostiene que el Concello la dejó caer por impagos superiores a 835.000 euros, cuando aún quedaba por ejecutar casi la mitad del proyecto.

Casi un millón de euros

A fecha de la paralización de los trabajos, el pasado 9 de marzo de 2026, el Concello adeudaba 835.025,57 euros entre certificaciones y facturas pendientes. El escrito señala que el gobierno municipal “carecía de crédito presupuestario para pagar”, lo que supondría una infracción de los principios presupuestarios. Esta falta de liquidez fue la “causa eficiente” de la paralización, llevando a la empresa a un preconcurso de acreedores.

Pagos “reactivos”

Las alegaciones apuntan a que el Concello realizó un pago de 236.549,07 euros de forma “fulminante” tras publicarse el parón en prensa, lo que evidenciaría que había fondos disponibles. Además, el avance de la obra es limitado: el tramo 1 al 45,56% y el tramo 2 al 53,62%, cuando deberían estar finalizados. También se indica que el proyecto estaba en un “proceso de modificado” para incluir nuevas unidades.

Paralización oculta

El documento revela que el primer tramo ya sufrió parones entre noviembre y enero por orden de la Inspección de Trabajo. La empresa acusa al Concello de conocer la situación y ahora intentar usar esos parones como causa de resolución culpable. Por ello, solicita la nulidad del decreto, al considerar que se ha prescindido del procedimiento legal y que la declaración de culpabilidad se realizó sin escuchar alegaciones, calificándolo de “simulacro procedimental”.

La trampa del amianto

El proyecto habría omitido la presencia de amianto en el subsuelo, generando sobrecostes de 36.834,63 euros no compensados, lo que la empresa considera un “enriquecimiento injusto”. También denuncia la existencia de materiales ya pagados por valor de casi 140.000 euros. El escrito cuestiona además el requerimiento del alcalde del 10 de marzo, al considerarlo “nulo de pleno derecho” y un posible indicio de “desviación de poder”.

La empresa exige el archivo del procedimiento, el pago de todas las facturas con intereses de demora y una indemnización por el beneficio industrial del 6%. Además, reclama el dictamen del Consello Consultivo, trámite que considera obligatorio.

La emergencia

El gobierno local aprobó continuar parte de la obra por la vía de emergencia, mediante adjudicación directa. Sin embargo, la empresa advierte de que se trata de un “parche” que solo permite actuaciones mínimas de seguridad y que podría dejar en el aire la humanización del proyecto, además de poner en riesgo las ayudas de los fondos Next Generation.