Acusa a la expareja de su madre de maltrato: "A mi me daba criollos no frescos y a su hija comida buena"

JUICIO EN OURENSE

La fiscal pide más de tres años de cárcel para un ourensano por el presunto maltrato y las vejaciones a su expareja y a la hija de esta, mientras que el acusado niega los hechos y atribuye la denuncia al temor a ser expulsadas de España

El acusado declaró en último lugar y se presentó como la víctima del relato.
El acusado declaró en último lugar y se presentó como la víctima del relato. | M.S.

"A su hija sí la trataba bien, pero a mí me daba criollos no frescos cuando a ella le preparaba comida normal”. Esta confesión, pronunciada por la hija menor de la denunciante, resumió una parte del relato que las acusaciones sostienen contra un ourensano juzgado en la Sección Penal (Plaza 1) por presunto maltrato habitual a su expareja y su hija, que hoy tiene 15 años.

La Fiscalía mantiene que durante los años de convivencia, entre 2020 y 2023, el acusado, Alberto G.T., creó un clima insostenible de vejaciones físicas y psicológicas, tanto en el domicilio común como en el restaurante donde ambos trabajaban. Según la perjudicada, su expareja la insultaba reiteradamente llamándola “hija de puta” -incluso delante de la menor- y la sometía a un férreo control. Además, según añadió, la amenazaba constantemente con denunciarla a Extranjería, transmitiéndole que era “una persona ilegal” que se iba a meter en problemas, pese a que ella se encontraba en situación regular en España.

La hostilidad, según mantienen las acusaciones, también se dirigía hacia la adolescente. La fiscal recoge expresiones del acusado como: “Puta niña, la mato, le voy a partir la cara”. El escrito detalla episodios de violencia física hacia la menor, como una ocasión en la que la agarró del brazo para encerrarla en una habitación y, para acallar sus gritos, le tapó la boca y la nariz con las manos impidiéndole respirar. Incluso, poco antes de la ruptura, advirtió a madre e hija de que “ahora iban a sufrir” y que “se iban a enterar”.

Una versión que el inculpado rechazó de plano en el juicio al atribuir la denuncia a la ruptura sentimental y la disolución de la pareja de hecho. “Ella no quería que la dejara porque temía que así no pudiera regularizar su situación en el país”, explicó el acusado, dándole la vuelta al relato de las acusaciones. En su declaración, justificó los conflictos con la adolescente asegurando que la niña tenía problemas mentales.

“Escribió en el diario que quería matar a gente”

Sobre el desencadenante de una de las agresiones, el acusado admitió haberle quitado su diario íntimo a la joven en medio de una discusión, pero argumentó que lo hizo porque quería enseñárselo a la madre; según testificó, su propia hija le había advertido de que su “hermanastra” escribía cosas alarmantes, como que quería “matar, coger un cuchillo y hacer daño a la gente”. Al intentar la menor recuperar la libreta, recibió un codazo en la cara. El inculpado ofreció una versión exculpatoria, asegurando que el golpe fue “sin querer” y que el impacto se produjo de manera accidental, como un acto reflejo para intentar protegerse de un mordisco de la joven en su brazo.

Tras la práctica de las pruebas en la vista oral, la fiscal decidió modificar sus conclusiones y retiró la acusación por un presunto delito de coacciones -vinculado a la imposición de normas estrictas y el control sobre las víctimas-, al considerar que esos hechos concretos no habían quedado debidamente acreditados. No obstante, la acusación particular, que representa a la madre y a la menor, no secundó esta rebaja y mantuvo intactos todos los cargos.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita para Alberto una condena principal de 2 años y 3 meses de prisión por un delito de maltrato habitual. A esta pena suma las correspondientes a dos delitos independientes de violencia doméstica: 7 meses de cárcel por el primero de ellos, y 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad (o 10 meses de prisión) por el segundo. Además, exige la prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 500 metros y de comunicarse con las víctimas, así como el pago de una indemnización por daños morales de 5.000 euros para la expareja y 2.500 euros para la menor.

El equipo del Imelga avaló el relato “congruente y sin contradicciones” de la denunciante. Por su parte, el forense que la reconoció apreció un nexo entre la violencia sufrida y el trastorno ansioso-depresivo que padecía la víctima (llegó a estar ingresada por un intento autolítico).

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