El acusado de estafar a una maderera en Ourense alega que fue utilizado por terceros

Un acusado de estafar 55.158 euros a una empresa maderera de Ourense explicó al tribunal de la Audiencia de Ourense que fue víctima de un engaño y de posteriores coacciones. El inculpado, Víctor F.C. (23 años), que supuestamente desvió el pago de una factura hacia su propia cuenta bancaria, ha culpado a las personas con las que compartía una vivienda okupa en Granada en el momento de los hechos. Según su versión, fueron ellos quienes lo obligaron a crear dicha cuenta y lo amenazaron cuando intentó desvincularse, forzándolo a cambiar de ciudad.

Esta versión fue respaldada en el juicio por la madre del inculpado, quien subrayó la vulnerabilidad de su hijo debido a sus problemas con las drogas. “Es muy influenciable y la gente lo ha utilizado”, lamentó la testigo, confirmando que el joven recibía amenazas y que la familia llegó a plantearse enviarlo a Almería “para quitarlo de en medio” y protegerlo.

El fraude se materializó en el otoño de 2022 mediante un método que la Guardia Civil define como una “estafa sofisticada”. En fechas comprendidas entre el 30 de septiembre de 2022 y el 3 de octubre, el acusado, según concretaron, con ánimo de ilícito enriquecimiento, directamente o a través de otra persona con quien su vez estaban concertado y empleando mecanismos no autorizados, accedió al correo electrónico de la empresa Maderas Vidal López S.L., apoderándose de la factura número 60/2022 emitida por la primera sociead a Maderas Feijoo Lorenzo S.L. por importe de 55.158,46 euros.

La empresa compradora abonó los más de 55.000 euros de buena fe, pero tres semanas después, el proveedor dio la voz de alarma al no recibir el pago de la mercancía. El rastro policial del teléfono y la cuenta bancaria fraudulenta llevó a las comandancias de Ourense y Granada directamente hasta el acusado.

Tras escuchar los testimonios, la fiscal retiró la acusación por falsedad documental y rebajó su petición de condena. El Ministerio Público solicita ahora un total de dos años y medio de cárcel (un año y medio por estafa agravada y otro por blanqueo imprudente), además de una multa equivalente al dinero estafado. Frente a esto, la acusación particular mantiene una dura petición de seis años de prisión, mientras que la defensa clama por la libre absolución de su cliente o, en su defecto, la pena mínima.