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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense tiene previsto celebrar la próxima semana dos juicios por delitos de agresión sexual que, aunque comparten la tipificación penal, presentan contextos y estrategias de defensa diferentes.
El primero de los casos sienta en el banquillo a J.P.V.N., un joven nacido en 2005. Los hechos que se juzgarán ocurrieron la madrugada del 15 de octubre de 2023. Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el procesado abordó a la víctima sobre las 03,00 de la madrugada en un callejón a la altura del número 13 de la calle Peña Trevinca.
La Fiscalía sostiene que el acusado aprovechó que la joven caminaba sola hacia su casa y que tenía sus facultades cognitivas mermadas por la ingesta de alcohol y medicación para forzarla. El relato acusatorio describe que, tras un forcejeo y tirarle del pelo ante la negativa de ella, la obligó a realizarle una felación y posteriormente la penetró vaginalmente sin preservativo, dejándola después “tirada en el suelo” y semidesnuda. Por estos hechos, constitutivos de un delito de agresión sexual, la acusación pública solicita cinco años de prisión, seis años de libertad vigilada y una indemnización de 15.000 euros.
El acusado, durante la instrucción, negó el ataque sexual, alegando una relación consentida. Según esa versión, ambos habían quedado previamente a través de la red social Instagram y fue la propia denunciante quien lo citó y llevó la iniciativa en el encuentro, rechazando así la existencia de violencia o intimidación.
El segundo juicio se enmarca en un contexto de violencia de género. El acusado, J.G. E. (54 años), se enfrenta a una petición total de 15 años de cárcel: 1 año por maltrato y 14 años por agresión sexual con la agravante de género.
Los hechos denunciados ocurrieron el 13 de abril de 2024 en el domicilio que la pareja compartía en la calle Poeta Manuel Antonio. Según la fiscal, tras una discusión por celos (le reprochó que tuviera relaciones con otros hombres), intervino la Policía Nacional por las amenazas de suicidio del acusado cuando ella le dijo que quería poner fin a la relación. Este último atacó a su pareja una vez que los agentes se marcharon. El escrito de acusación relata un episodio de violencia física -con asfixia y golpes- que culminó con el acusado obligando a la mujer a ducharse para, acto seguido, forzarla sexualmente en el dormitorio de la vivienda.
La defensa de Julián G. E. niega los hechos y centra su estrategia en el estado de salud del acusado. El escrito de defensa alega que, en el momento de los hechos, Julián padecía un trastorno de la personalidad y una enfermedad médica grave que le obligaba a un tratamiento con opiáceos. Su abogada argumentará que el “abuso y dependencia” de estas sustancias, sumado a su estado psiquiátrico, anulaba o limitaba gravemente sus facultades volitivas, solicitando su libre absolución o, subsidiariamente, la aplicación de eximentes por intoxicación y alteración psíquica.
El desarrollo de la vista oral será fundamental para dilucidar la carga probatoria más allá de las declaraciones de las partes. En el caso de violencia de género, destaca la situación procesal del encausado, quien permaneció en prisión provisional por esta causa desde su detención en abril de 2024 hasta que se acordó su libertad el pasado 30 de julio. Además, el tribunal escuchará la prueba preconstituida de la hija menor de la víctima, que se encontraba en la vivienda durante el suceso.
En cuanto al primer litigio, los informes forenses sobre las lesiones físicas -eritemas en rodillas y zona genital- serán determinantes para corroborar si existió o no la violencia que sostiene la Fiscalía frente a la versión de consenso que defiende el joven.
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