CASA DE BAÑOS
La okupación en Ourense que el Concello no ve
AGOSTO DE 2023
El modelo de gestión directa en la compra de 3.500 nuevos contenedores que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, vendió en enero de 2023 como una fórmula “más rápida y barata”, acaba en fracaso. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia acaba de anular la adjudicación por 3,5 millones de euros a la empresa Contenur tras estimar el recurso de la competidora Formato Verde, lo que obliga al Concello a dar marcha atrás y verificar físicamente si los equipos ofertados cumplen con la normativa europea.
Esta decisión deja en papel mojado la hemeroteca del regidor. En enero de 2023, se atrevió a asegurar que la compra municipal evitaría el beneficio industrial de las concesionarias y permitiría instalar 40 contenedores nuevos cada semana ya durante el ejercicio 2023, en concreto, en agosto de ese año. La previsión naufragó hace tiempo y hoy se convierte ya en otra falsa promesa. Según dijo entonces Jácome literalmente, la compra de contenedores la asumía el Concello y no la futura concesionaria de limpieza y basura porque “es más rápido y más barato si lo hace el Concello, ya que si los adquiere la nueva concesionaria, esta se los repercutiría al Concello, con un coste superior porque tiene un beneficio industrial y habría que pagar los intereses”. En agosto de 2023 estarían todos instalados. Nada más lejos de la realidad.
El expediente de los colectores de carga lateral llevaba atascado desde principios de 2023, cuando el gobierno local anunció a Contenur como la oferta más ventajosa económicamente.
La adjudicación formal por más de tres millones de euros no se materializó hasta finales de diciembre de 2025. Apenas unas semanas después, el 14 de enero de 2026, la empresa competidora impugnó la decisión ante el tribunal autonómico. Ahora, la resolución 35/2026 del Tacgal fuerza al Concello a dar marcha atrás y retrotraer las actuaciones al momento anterior al trámite de ordenación decreciente de las ofertas.
El varapalo ha destapado además un rifirrafe administrativo en la mesa de contratación, donde el interventor llegó a mostrar su “perplejidad” al descubrir que el informe de defensa fue encargado a un arquitecto ajeno a las áreas de Infraestructuras y Medio Ambiente.
La resolución de los macrocontratos de autobús urbano y limpieza de la ciudad sigue dando pasos hacia su adjudicación definitiva tras años de retraso. Ambos expedientes cuentan con el voto particular en contra de la viceinterventora, quien cuestiona la viabilidad económica de algunas ofertas.
La mesa de contratación acaba de dar el último paso al proponer adjudicar el servicio de autobuses (2026-2031) a la UTE de la catalana Sagalés con Gavilanes, con una puntuación de 93,435 y un presupuesto de 44,2 millones de euros.
En el contrato de recogida de residuos, la UTE de Copasa con Setec (del grupo Valtalia)ya ha sido requerida para depositar una garantía de 6,9 millones. Su oferta de 13.839.013,55 euros anuales supone una baja del 6,15%. Previamente, el Tacgal había desechado el recurso de una de las competidoras, FCC, que paralizó temporalmente la licitación.
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