El Casco Vello de Ourense necesita 42 millones para resucitar de su estado de ruina

Un 89,38% de locales comerciales vacíos, más de un 40% de viviendas totalmente desocupadas y una tasa de riesgo de exclusión social que roza el 18,3%. Parece mentira que el Casco Vello de Ourense haya llegado a esta situación de degradación límite, pero las desgarradoras cifras son el punto de partida oficial del Plan de Dinamización del área Rexurbe publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia.

El documento establece una estrategia de 41,58 millones de euros hasta el año 2033 para intentar sacar el centro histórico de la ruina. Sin embargo, la hoja de ruta arranca seriamente condicionada por los retrasos burocráticos. Aunque la declaración autonómica se aprobó en marzo de 2025, el Concello tardó casi un año en entregar la memoria técnica. Esta demora provoca que el calendario financiero nazca desfasado desde el primer día, manteniendo paralizados los más de 6,5 millones de euros asignados para el periodo 2025-2026.

El desglose del presupuesto detalla la contribución exacta de cada administración. La Xunta de Galicia aporta la mayor parte del dinero público con 21,56 millones de euros (el 51,8%), mientras que la cuantía que pone el Concello de Ourense se queda en 3,71 millones, un 8,9% del total. La financiación institucional se completa con 2,41 millones de la Diputación de Ourense (5,8%) y 1,89 millones del Estado (4,5%).

El resto del presupuesto comprende 11,99 millones de euros (un 28,8%) vinculados a la captación de capital privado. El plan confía en que las ayudas públicas logren incentivar a propietarios y emprendedores para reformar pisos y abrir negocios en un ámbito comercialmente diezmado. En términos de rentabilidad, la memoria justifica la viabilidad pública con una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 4,09% y un retorno en el que cada euro municipal movilizará 10 euros externos. A esto se suma la creación estimada de entre 56 y 63 empleos por cada millón invertido.

Para cambiar la dinámica del barrio, el plan reparte sus medidas en los ejes urbanístico, económico y social. Para conseguirlo, la estrategia contempla la regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y combina incentivos a jóvenes con fórmulas como la masovería urbana -que permite vivir sin pagar alquiler a cambio de reformar el piso- o la vivienda compartida. En paralelo, el documento incluye medidas de presión hacia los propietarios que desatienden sus inmuebles, imponiendo cánones a los solares abandonados y declarando zonas de rehabilitación prioritaria para actuar sobre las casas en ruina.

En el plano comercial, la propuesta incluye subvenciones directas para reabrir locales sin uso, la creación de rutas para apoyar a las tiendas tradicionales y la puesta en marcha del Bono Remuda, una ayuda pensada para financiar el traspaso de negocios históricos y evitar que echen el cierre cuando se jubilen sus dueños.

Obras e infraestructuras

Entre las intervenciones físicas sobresalen la renaturalización del entorno del río Barbaña, la instalación de contenedores soterrados y la restricción del tráfico de paso. En edificación destacan la rehabilitación de la Vieja Cárcel (4 millones) para usos municipales y la UNED, así como 1,15 millones para recuperar el número 5 de plaza Trinidade como sede del futuro Centro Rexurbe. En movilidad, tras fracasar la licitación de las escaleras mecánicas en Rúa Coenga, se ejecutará un sistema de ascensores por 492.000 euros, que se sumará a los 750.000 euros destinados a salvar el desnivel del Murallón en la Plaza de Abastos. Todo este despliegue deberá coexistir con la urgencia de sustituir el alcantarillado del siglo XIX mediante un anteproyecto independiente de 30,59 millones y la obligación de aprobar el nuevo PEPOU antes de 2028.

Con todo, la aprobación formal del documento será solo el primer paso administrativo. Para que las máquinas entren realmente en las calles, el Concello tendrá que consignar año a año las partidas en sus presupuestos, redactar los proyectos ejecutivos de cada obra, recibir el visto bueno de Patrimonio Cultural, licitar los contratos públicos y publicar las convocatorias para que los particulares soliciten las ayudas. Un largo recorrido técnico antes de ver el primer cambio real.