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PAGO REGULADO
Vestir de paisano forma parte del trabajo de un centenar de policías nacionales adscritos a la Comisaría de Ourense. Pero durante años, el gasto en ropa con la que desempeñan su labor ha corrido por su cuenta. Para conseguir que el Ministerio del Interior les compense por ese gasto, varios agentes han buscado el amparo judicial, pese a que el Tribunal Supremo ya estableció en 2021 que los policías obligados por las necesidades del servicio a trabajar sin uniforme tienen derecho a una indemnización por vestuario.
La cifra real de agentes y funcionarios afectados por esta situación en Ourense ronda los 110 efectivos. De entre todas las unidades, la Brigada de Policía Judicial es, con diferencia, la más afectada, al concentrar el mayor volumen de personal obligado a trabajar en estas condiciones. Esta brigada suma unos 50 funcionarios de paisano, repartidos entre los grupos de Estupefacientes, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) y el área de Delitos Tecnológicos.
Pero la afección se extiende también al resto del organigrama. A la Policía Judicial se suman los efectivos del Grupo Operativo de Respuesta (GOR), los “Centauros” del turno de noche dedicados a operaciones contra el trapicheo o los robos y que por necesidades de servicio visten de paisano. El mapa de afectados en la plantilla ourensana se completa con la Brigada de Información o Extranjería.
En Ourense, la batalla judicial ha dejado una cadena de sentencias favorables a los policías (20 durante los años 2024 y 2025 bajo la dirección letrada del servicio jurídico del Sindicato Unificado de Policía). El punto de partida de las reclamaciones es siempre el mismo: los funcionarios sostienen que no pueden elegir libremente vestir con ropa de calle, sino que es el propio servicio el que se lo exige. Y, mientras que al policía uniformado la Administración le proporciona las prendas necesarias para trabajar, el que presta servicio de paisano debe adquirir por su cuenta una ropa adecuada.
Ante esta situación, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido recientes fallos dando la razón a funcionarios de distintas áreas, como Información, Policía Judicial o el Grupo Operativo de Investigación de Incendios Forestales, que presentaron recursos contenciosos-administrativos.
En todos los casos, la sala recuerda que la diferencia con los uniformados debe ser compensada económicamente, reconociendo el derecho al abono de la indemnización correspondiente a los periodos no prescritos -hasta cinco años en algunos casos-, además de los intereses legales.
Para atajar este conflicto, Interior ha dado un paso más y ha regulado expresamente esta compensación. La Orden INT/405/2026, en vigor desde el 1 de mayo, reconoce el derecho al personal que esté obligado de manera inexcusable a vestir de paisano.
La cantidad queda fijada en 153,84 euros anuales, con un único pago. Para tener derecho, el agente debe haber prestado servicio en esas condiciones durante al menos seis meses continuados; un periodo que no se interrumpe si el policía tiene que utilizar el uniforme puntualmente por un tiempo que no supere los 45 días, lo que ampara a los integrantes del GOR.
La norma establece que las comisarías deben remitir las relaciones del personal que reúne los requisitos. Precisamente, la aplicación de este procedimiento es la que ha llevado al SUP, a través del ourensano Roberto González, a dirigirse al Consejo de Policía. El sindicato denuncia que algunas jefaturas superiores no están elaborando de oficio los listados porque consideran que deben esperar a que la división de personal los reclame, lo que está provocando retrasos injustificados.
Pero el SUP no se limita a exigir que se tramiten las nuevas indemnizaciones, sino que pide a la Dirección General de la Policía que habilite un procedimiento ágil y sencillo para abonar los años atrasados. El objetivo es evitar una paradoja: que Interior reconozca ahora expresamente la indemnización mientras los policías tienen que seguir acudiendo individualmente a los tribunales. Después de años de sentencias favorables, la batalla por la ropa de los policías de paisano entra en una nueva fase: conseguir que el derecho reconocido se convierta en un pago efectivo y automático.
Mientras tanto, los agentes afectados en Ourense se mantienen a la expectativa. “Más allá de la cuantía económica, regularizar este abono supone una cuestión de justicia y de dignificación para quienes, alejados del uniforme tradicional, garantizan a diario la seguridad ciudadana desde el estricto anonimato que exige la calle”, asegura un policía afectado.
Los agentes cuentan -recuerda- con el mejor de los avales: “La jurisprudencia”. En sus recientes fallos, los magistrados han sido tajantes al argumentar que obligar al policía a costearse la indumentaria supone una evidente quiebra del principio de igualdad frente a sus compañeros uniformados, a quienes el Estado sí provee de dotación. Los tribunales subrayan que la Administración no puede trasladar la carga económica de una necesidad operativa al bolsillo del trabajador ni enriquecerse injustamente a su costa.
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