El Centro de Interpretación dos Parques Naturais en Quintela: la demolición de la vergüenza

El Concello de Ourense tiene sobre la mesa la hoja de ruta definitiva para borrar del mapa el mayor “esqueleto” urbanístico de las últimas décadas en la ciudad. El Ministerio para la Transición Ecológica ha concedido una subvención directa de 650.000 euros destinada íntegramente a demoler el inacabado Centro de Interpretación dos Parques Naturais de Galicia, en Quintela, y a reconvertir la actual parcela de hormigón en un bosque autóctono, lo que dinamita el plan del actual regidor para reconvertir el espacio en un aparcamiento termal.

Las bases de la ayuda estatal marcan un calendario estricto: la zona debe estar limpia y renaturalizada antes del 31 de mayo de 2027. Para cumplir este objetivo quedan apenas trece meses y el Concello ya va tarde. Desde que recibió oficialmente la concesión de la subvención a principios de enero ha tardado más de tres meses solo para habilitar el crédito en las cuentas municipales, cuyo decreto no fue firmado por el alcalde hasta el pasado 26 de marzo.

Este es el penúltimo capítulo de un naufragio institucional y financiero que condensa lo peor de la gestión pública. Todos los colores políticos tienen su cuota de culpa en un desastre donde unos se escudaron en la crisis económica, otros en la inundabilidad sobrevenida del terreno y otros en la burocracia, logrando que se perdieran fondos europeos y se enterraran más de dos millones y medio de euros.

Para entender la magnitud de este despropósito hay que remontarse a los tiempos previos al estallido de la burbuja inmobiliaria. En 2007, bajo el mandato del bipartito en la Xunta, el entonces conselleiro socialista Pachi Vázquez dibujó un macroproyecto que no escatimaba en recursos: diez millones de euros de presupuesto inicial para un edificio de vanguardia llamado a atraer a cien mil visitantes anuales. La maquinaria burocrática se engrasó entonces con una rapidez que hoy resulta inconcebible, aprovechando la coincidencia de colores políticos que gobernaba Xunta, Gobierno central y Concello.

En 2008, el Concello modificó su Plan Xeral de Ordenación Municipal para transformar miles de metros cuadrados de suelo deportivo en dotacional. Se extendió una alfombra roja para que el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido entonces por la ourensana Elena Espinosa, inyectase los ansiados fondos europeos. El clímax se escenificó en octubre de 2010 con la colocación de la primera piedra. Allí posaron sonrientes representantes del Estado, del gobierno municipal (PSOE y BNG) y de la recién llegada Xunta del PP. Todos avalaron un proyecto que presumía de sostenibilidad, asegurando que el edificio aprovecharía el agua del río Miño como sistema de calefacción, ignorando la paradoja de que sería precisamente ese mismo río quien firmaría su sentencia de muerte.

El Concello había otorgado la preceptiva licencia de obra amparándose en informes técnicos favorables emitidos por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Aquella misma entidad estatal fue la que, apenas dos años después, actualizó sus mapas de riesgo y declaró la parcela como zona de flujo preferente e inundable, convirtiendo el ambicioso museo ecológico en una estructura de hormigón ilegalizable y peligrosa. Pero el golpe definitivo lo propinó el fuego cruzado de la política. Cuando el convenio de financiación firmado entre la Xunta y el Estado expiró el 31 de diciembre de 2011, la falta de acuerdo para firmar una prórroga paralizó las máquinas. El regidor ourensano -entonces, Paco Rodríguez- enviaba burofaxes desesperados y la Xunta de Feijóo se escudaba en la crisis económica y los plazos incumplidos por Madrid.

En medio de ese cruce de reproches, la empresa pública Tragsa desmanteló el campamento base y se retiró. Atrás, a la intemperie, quedaron incontables fondos europeos irremediablemente consumidos en levantar la gigantesca estructura. Durante catorce años, el edificio quedó a merced del clima y del vandalismo. Hubo intentos de resucitar el proyecto, como la propuesta de la Xunta en 2014 para reconvertir el esqueleto en oficinas de conservación de la naturaleza, pero fracasaron. Así se llegó hasta julio de 2024, cuando la administración autonómica firmó la reversión de los terrenos al Concello.

Solo quedan 13 meses

El actual gobierno municipal vio entonces en la ruina de Quintela la posibilidad de construir un gran aparcamiento para el área termal al tiempo que solicitaba su demolición. El ministerio recogió el guante y aprobó la ayuda directa para el derribo, pero condicionado a crear allí un espacio verde de especies autóctonas. Redactar el proyecto, licitar y adjudicar una demolición tan compleja, y retirar miles de toneladas de escombro contaminante en un margen de trece meses exigirá ahora una agilidad sin precedentes para no perder otro tren.

Un agujero de tres millones y medio

El naufragio del Centro de Interpretación de Parques Naturais ha supuesto un inmenso agujero en las arcas públicas que, sumando todas sus fases, ronda los tres millones y medio de euros. La sangría comenzó en el año 2008, cuando el Concello de Ourense desembolsó de sus propios fondos 230.000 euros para expropiar de urgencia más de sesenta parcelas de suelo rústico a nueve euros el metro cuadrado. A ese gasto inicial hay que sumar el verdadero grueso del despilfarro: los más de 2,1 millones de euros de fondos europeos que llegaron a consumirse en la cimentación y estructura del edificio.

Ahora, para borrar ese error, el Estado inyectará otros 650.000 euros. Una primera línea de 428.000 euros sufragará los trabajos de la piqueta y la deconstrucción, condicionados a una segunda línea de actuación de obligado cumplimiento dotada con más de 96.000 euros. Esta partida se centra de manera exclusiva en la recuperación ambiental del terreno. El documento exige literalmente la descompactación del suelo herido por la maquinaria, la aportación de tierra vegetal y la plantación de especies arbóreas autóctonas, mencionando específicamente carballos, salgueiros y amieiros. Cualquier desvío de estos fondos, como pudiera ser el intento de asfaltar, pavimentar o adecuar el terreno para crear plazas de aparcamiento, supondrá un incumplimiento grave.