El Concello de Ourense gastó en dos años 200.000 euros en defensa legal

La gestión de Gonzalo Pérez Jácome al frente del Concello de Ourense está dejando un rastro evidente en los tribunales y, consecuentemente, en las arcas municipales. En los últimos dos años, el Concello ha desembolsado más de 200.000 euros para costear la defensa legal en una interminable cascada de pleitos y recursos. Lejos de apoyarse en la abogacía consistorial con la que cuenta la institución, la judicialización de la vida política y administrativa impulsada por el actual gobierno local va de la mano con la externalización masiva de estos servicios a través de la fórmula del contrato menor.

Ante el aluvión de frentes judiciales abiertos por el regidor, el Concello ha tenido que recurrir a diversos bufetes y letrados para garantizar su defensa desde 2024, según se desprende del listado de contratos menores. Entre los despachos que han asumido el grueso de esta carga de trabajo están los Eduardo Villar, que facturó más de 24.000 euros por su asistencia legal en recursos de suplicación y procedimientos ordinarios en los últimos dos años. En esta misma línea de asunción de casos municipales, Pablo Quintas facturó 20.570 euros, mientras que a Luis Manuel Salgado Carbajales se le adjudicaron 17.980,60 euros por la representación en cuatro procedimientos ordinarios. Algunos de ellos también llevaron casos personales del propio regidor en los tribunales.

Esta vorágine judicial provocada por la administración de Jácome no solo se refleja en las minutas de los abogados, sino también en los gastos de representación procesal obligatoria en los juzgados. La enorme cantidad de recursos (apelaciones, suplicaciones y casaciones) ha generado un volumen de facturación extraordinario en procuradores. Un único profesional, Jorge Bejerano, ha tenido que tramitar más de un centenar de facturas que suman casi 90.000 euros para dar curso a las exigencias procesales del consistorio.

“Por que se recorre a profesionais externos?”

La política de externalización de Jácome ha suscitado críticas por parte de la plataforma Avante Ourense en referencia al pago de 17.980,60 euros a uno de sus letrados. La formación ha pedido una investigación, al constatar que este letrado ejerce “como avogado persoal” del alcalde, y llevará el caso ante el Consello de Contas y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) para aclarar si ha existido un uso indebido de la contratación menor. Desde la formación exigen a Jácome que explique por qué se contrata a profesionales externos obviando los servicios jurídicos del Concello. “Os cartos do Concello son dos ourensáns, non do alcalde”, sentenció su portavoz, Francisco Diéguez, quien asegura que llegarán “ata as últimas consecuencias”.