El Concello de Ourense sigue sin pedir la zona termal para O Muíño

La polémica en torno a las Termas do Muíño da Veiga en Ourense sigue sin visos de solución, ya que el Concello de Ourense todavía no ha presentado los trámites para la declaración termal de esta área recreativa. La Xunta urge al gobierno municipal a regularizar las condiciones sanitarias y legales de este espacio termal, clave para la ciudad.

Manuel Pardo, delegado de la Xunta en Ourense, ha detallado a este periódico la postura de la Consellería de Sanidade, centrada en la garantía de la calidad del agua en instalaciones de uso lúdico.

Pardo subraya la preocupación por la seguridad sanitaria en pozas con alta afluencia de bañistas. Explica que la concentración de usuarios puede alterar la calidad del agua a lo largo de la jornada, favoreciendo la proliferación bacteriana si las condiciones no son idóneas. Por ello, la Lei de Usos Lúdico Termais de 2019 establece que las instalaciones deben asegurar la renovación del caudal cada cuatro horas y el control del aforo máximo por poza. Esto, según el delegado, requiere una inversión en infraestructura y disponer de personal cualificado para el control, elementos esenciales para preservar la salud de los usuarios.

Esta información fue trasladada al alcalde Gonzalo Pérez Jácome y a todos los grupos políticos municipales en una reunión celebrada el pasado 3 de junio en la Delegación de la Xunta. En aquella cita, la administración autonómica no solo proporcionó las directrices técnicas para la tramitación, sino que también ofreció apoyo técnico e incluso económico para llevar a cabo las inversiones necesarias y obtener la declaración oficial de las aguas como termales o mineromedicinales.

Sin embargo, el delegado lamenta que el Concello, en lugar de iniciar la tramitación para la declaración termal, simplemente solicito´su inclusión en el censo oficial de zonas de baño, petición que fue denegada porque las aguas del Muíño da Veiga no son superficiales, como las de un río, y su calidad sanitaria no puede garantizarse bajo esa catalogación sin los controles exigidos.

Es esa la circunstancia la que llevó a la Xunta a emitir la recomendación de no bañarse, una advertencia que posteriormente el propio Concello tuvo que señalizar con el cartel correspondiente.

Normativa obligatoria

Manuel Pardo insiste en que el Muíño da Veiga, al ser un entorno urbanizado con vasos perimetrados y cartelería explicativa, debe adaptarse a la normativa termal, no a la de una zona de baño fluvial. A normativa pódenos gustar máis ou gustar menos... pero o que hai que facer é mentres estea vixente, cumprila”. Lamentó que, a día de hoy, y a pesar de la reiterada oferta de agilizar los trámites y el apoyo económico, “non hai esa solicitude“ por parte del Concello para iniciar el procedimiento de declaración de agua termal.

El delegado hace un llamamiento a la colaboración de todas las fuerzas políticas para resolver esta situación. “Pedimos a todos os grupos traballar en conxunto e unidos para fuxir da polémica e poñer en marcha e remar todos para conseguir que este recurso sexa un referente” con todas las garantías sanitarias y legales.

Una analítica serviría para conseguir la categoría de agua termal en la zona

Para que el Muíño opere legalmente como zona termal, el Concello debe iniciar un proceso de declaración de sus aguas. Existen dos conceptos principales: agua termal, que requiere que el agua tenga una temperatura superior a la del suelo de la zona y, para su declaración, basta con una sola analítica que lo certifique; y agua mineromedicinal, que además de la temperatura, debe tener propiedades terapéuticas reconocidas -su proceso de declaración es más complejo, exigiendo hasta 12 muestras-.

Una vez obtenida la declaración (sea termal o mineromedicinal), el Concello debe solicitar el aprovechamiento de ese uso lúdico. Este se concede siempre que se respeten condiciones clave como la renovación del agua y el control de aforo, aspectos esenciales en los que la Xunta insiste. El proceso implica también la solicitud de permisos sectoriales a organismos como la Confederación Hidrográfica y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que realiza controles y toma muestras.

Manuel Pardo puso como ejemplo de buena praxis la actuación en “O Bañiño” de Punxín. Allí se invirtieron cerca de 300.000 euros, con apoyo de la Xunta y la Diputación, en obras de adaptación que garantizaron no solo el uso lúdico, sino también la accesibilidad. Esto ha permitido que el recurso se aproveche con total seguridad y bajo control normativo.

La recomendación de no bañarse que figura en un cartel del Muíño -colocado por el Concello- es una consecuencia directa de la comunicación de la Xunta, que tras la denegación de la autorización de baño y la imposibilidad de garantizar la calidad sanitaria, argumentó jurídicamente que el Concello debía informar a los usuarios.