Cronología de una imputación

El juez Leonardo Álvarez recoge en su auto que Jácome compaginó su sueldo público con dedicación exclusiva, y el negocio de su televisión privada sin solicitar el permiso del pleno municipal, como exige la ley. 

Según La Región, en 2020, un año después de llegar a la alcaldía, el regidor ingresó 212.848 euros, casi tres veces más que su sueldo público de 71.000. Ese año generó fuera del Concello 140.000 euros, el doble de lo que ganó como alcalde: por tanto, donde el regidor ve “ingresos residuales”, el juez observa “ingresos de cierta entidad”. 

El alcalde era consciente de todo: en agosto de 2019 llegó a registrar la solicitud de compatibilidad, pero la retiró minutos antes del pleno al constatar que no tenía los votos necesarios; en 2021 el pleno le instó a renunciar a su sueldo público; y en 2024 fue advertido por la Fiscalía de esta irregularidad.

Si prospera la imputación -y Jácome ya ha anunciado que recurrirá-, la Audiencia Provincial, abrirá un proceso que, según los expertos, será difícil que se dirima antes de las municipales de mayo de 2027.

Frente a la decisión del magistrado de limitar el caso a ese tipo delicitvio, la acusación particular reclama ahora que los hechos se califiquen bajo delitos de mucha mayor gravedad, instando a que el regidor sea procesado también por malversación de caudales públicos en su tipo agravado y falsedad en documento público.

El escrito judicial argumenta que la actuación de Gonzalo Pérez Jácome no responde a una mera irregularidad administrativa o a un descuido en los trámites, sino a un "continuum delictivo" diseñado a conciencia para el enriquecimiento personal a costa del erario municipal. Según la acusación, el alcalde habría utilizado la falsedad documental como herramienta clave para ocultar tanto su actividad privada en la televisión como un amplísimo patrimonio inmobiliario en sus declaraciones oficiales de bienes.

Este presunto engaño habría sido el instrumento absolutamente necesario para encubrir su incompatibilidad y percibir de forma ilícita salarios públicos con dedicación exclusiva entre los años 2020 y 2025, sumando un desembolso total para las arcas de la ciudad superior a los 432.000 euros.