Jácome, imputado por prevaricación, se expone al fin de su carrera política

El magistrado Leonardo Álvarez, titular de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, imputa al alcalde Gonzalo Pérez Jácome un posible delito continuado de prevaricación administrativa al compatibilizar su sueldo público con los ingresos de su televisión privada sin solicitar el permiso al pleno municipal. En un auto notificado este martes, el instructor pone fin a la investigación y deja al alcalde a un paso de sentarse en el banquillo y enfrentarse a peticiones de condena que oscilan entre 9 y 15 años de inhabilitación especial para cargo público, lo que obligaría a celebrar el juicio en la Audiencia Provincial.

La resolución judicial sostiene que Jácome impuso su criterio para percibir un sueldo con dedicación exclusiva desde 2019 -solo en el año 2024 alcanzó los 77.457 euros-, mientras explotaba de forma privada su canal de televisión, Auria TV. El magistrado detalla que el delito de prevaricación en este caso se comete por omisión deliberada. El alcalde tenía la obligación imperativa de someter su situación al escrutinio del Concello. Al no registrar nunca esa petición de compatibilidad de forma efectiva ante el Pleno, el regidor impidió que el máximo órgano de representación municipal autorizase su situación.

200.000 euros 4 años

Para el instructor, esta forma de proceder, que “solo obedece a su interés particular”, supuso sortear el control de la corporación para proteger unos ingresos privados que, según los informes de la Policía Nacional recabados durante la instrucción, ascendieron a más de 197.000 euros entre los años 2019 y 2022. La investigación, iniciada a raíz de la querella presentada por el exconcejal de Democracia Ourensana Telmo Ucha hace justo un año (14 de abril de 2025), determina que el alcalde incurrió en una “vulneración absolutamente grosera” de la ley.

El magistrado cierra la puerta a que el regidor pueda escudarse en un error de interpretación, apoyándose en momentos clave que demuestran que el alcalde actuó siendo consciente de la irregularidad de su situación, diseñando un “comportamiento obstruccionista”.

Terca hemeroteca

El primer hito, y uno de los más reveladores, se remonta a agosto de 2019, apenas dos meses después de su llegada a la alcaldía. En aquel momento, Jácome llegó a registrar en el Concello la solicitud de compatibilidad, pero la retiró minutos antes del inicio de la sesión plenaria. La hemeroteca y los testimonios de aquella jornada sitúan ese pleno como uno de los más tensos del mandato. El regidor dio marcha atrás al constatar que carecía de la mayoría necesaria para sacar la votación adelante.

Fue en ese mismo pleno donde el portavoz del PSOE denunció públicamente que el alcalde les había telefoneado para amenazar con el cese fulminante de sus asesores si no avalaban su compatibilidad. Ante la falta de apoyos, el expediente nunca llegó a debatirse. El alcalde optó por la vía de los hechos, escondiendo el papel y manteniendo intacto el cobro de la nómina municipal.

El segundo aviso que acredita el conocimiento de la ilegalidad se produjo en diciembre de 2021, relata el juez. En aquella sesión, el Pleno aprobó por una amplísima mayoría instar al alcalde a renunciar a su sueldo público por ser incompatible con sus negocios y a reintegrar a las arcas municipales el dinero cobrado indebidamente. Aquel acuerdo salió adelante con 15 votos a favor de la oposición y la abstención del PP. El magistrado constata en su auto que Jácome se desentendió por completo de este mandato de la corporación.

Finalmente, el tercer aviso se produjo en mayo de 2024 a través de un decreto de la Fiscalía. El Ministerio Público advirtió formalmente al regidor de que se encontraba en una situación irregular, una advertencia que tampoco motivó ningún cambio en el investigado.

No es actividad residual

La resolución también tumba la estrategia de defensa que Jácome mantuvo durante su comparecencia en el juzgado el pasado mes de febrero. En aquella declaración, el alcalde intentó justificar la ausencia de compatibilidad afirmando que no operaba mediante una sociedad mercantil y que su labor en la televisión era una simple gestión de patrimonio personal (“Auria soy yo”, justificó en su momento). El magistrado cuestiona abiertamente esta interpretación, recordando que el regidor ejerce su actividad como trabajador autónomo y es el responsable directo de la explotación del canal televisivo. Para el instructor, las elevadas cifras de facturación recogidas en los informes policiales desmontan la teoría de que se trate de una actividad residual.

Con el auto notificado ayer, el magistrado ordena continuar la causa por los trámites del procedimiento abreviado y rechaza la práctica de nuevas diligencias para evitar más dilaciones. El juez deniega las pruebas testificales solicitadas por la defensa y la documental aportada por la acusación al considerarlas “innecesarias para el esclarecimiento de los hechos”, descartando igualmente acordar una nueva declaración del investigado. Se abre ahora un plazo común de diez días para que la Fiscalía y la acusación particular de Telmo Ucha presenten sus respectivos escritos solicitando la apertura de juicio oral. La última carta del alcalde para intentar frenar su llegada a la Audiencia Provincial pasa por interponer un recurso de reforma ante el propio juez instructor y, de no prosperar, un recurso de apelación.