El delito es el saqueo de casi 80 teléfonos móviles: “Este juicio está maldito”

"Este asunto está maldito”, aseguraba ayer en tono jocoso uno de los once letrados personados en la causa penal abierta en 2014 por el robo de casi 80 móviles tras saber que, una vez más, no sería posible celebrar la vista oral.

La jueza encarga de sentenciar en primera instancia señaló el juicio por primera vez para el 10 de julio de 2023, pero, por distintas vicisitudes, la causa, con 13 investigados, ya acumula seis suspensiones.

La última tuvo lugar este jueves, después de que cinco de los imputados plantaran el banquillo, incluido el encausado por el robo, Luis Miguel D.S.M. Su presencia es ineludible dado que el Ministerio Público interesa para él cinco años de prisión, a diferencia del resto de inculpados, para quienes se piden ocho meses de cárcel por receptación. A la cita fallida de ayer tampoco asistió la denunciante, que estaba convocada como testigo.

Denuncia encallada

El historial de retrasos de este proceso es extenso. La denuncia encalló en Instrucción 3, y alguno de los presuntos receptadores incluso tardó más de dos años en pasar por el juzgado a declarar como imputado tras ser detenido por la Policía Nacional.

Posteriormente, la primera vista, en julio de 2023, ya para enjuiciar el asunto, se pospuso porque el principal acusado quiso cambiar de abogado (al final se quedó con el mismo). En cuatro ocasiones más, entre el 18 de diciembre de 2023 y el 18 de junio de 2025, tuvo que aplazarse porque una de las letradas secundó la huelga del Turno de Oficio.

Si finalmente el juicio logra celebrarse el próximo 1 de julio, el escenario será muy distinto al de los inicios de la instrucción. El órgano encargado de dictar el fallo condenatorio o absolutorio, el antiguo Juzgado de lo Penal 2 de Ourense, cambió de denominación y ahora es la Plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia. Además, el fiscal original del caso, Julián Pardinas, se jubiló el pasado año; la tienda de la calle Santo Domingo donde se cometieron los robos ya no existe; uno de los 13 investigados, Miguel Ángel E.D., falleció; otro de los implicados, Nicolae G., fue expulsado del país; y el principal inculpado, que tenía 22 años cuando supuestamente sustrajo los móviles, pasó de ser un treintañero con mucho callo carcelario.

Los móviles no siempre se compraban con dinero, sino con tatuajes, bicicletas o camisetas de la feria del Barbaña

Los hechos que originaron esta dilatada y accidentada causa se remontan a la madrugada del 2 de abril de 2014, cuando el principal encausado, según la Fiscalía, rompió con un objeto contundente el cristal de la puerta de la desaparecida tienda Vodafone, situada en el número 45 de la calle Santo Domingo de la ciudad. De su interior se apoderó de 150 euros en efectivo de la caja registradora y de multitud de terminales valorados en 7.231 euros. Lejos de conformarse, apenas seis días después, en la madrugada del 8 de abril, accedió al mismo establecimiento utilizando idéntico procedimiento. En esta segunda incursión sustrajo otros 150 euros y 33 teléfonos móviles tasados en 10.744,58 euros, causando además desperfectos en el local. En total, el valor de los dispositivos robados en ambos asaltos ascendió a 19.927,58 euros.

Dos camisetas por un móvil

El mercado negro para dar salida a esta mercancía funcionó con unas reglas de intercambio de lo más pintorescas, delatando a los compradores cuando introdujeron sus tarjetas SIM en los aparatos. Los teléfonos terminaron siendo la moneda de cambio para todo tipo de bienes y servicios. Uno de los casos más curiosos es el de José María J.M., un feriante del Barbaña que consiguió hacerse con un terminal de 42,43 euros entregando a cambio ropa, concretamente un pantalón y dos camisetas. El mundo de las dos ruedas también tuvo cabida en este trueque: Miguel L. F. cerró un trato, gestado a través de Milanuncios y ejecutado en la gasolinera de O Vinteún, en el que entregó una bicicleta por un smartphone.

El ingenio para evitar pagar con dinero tradicional llegó incluso al arte corporal. Nicolae G. -el ciudadano que posteriormente fue expulsado del país- adquirió un cotizado terminal valorando la transacción en 100 euros, importe que se correspondía exactamente con el precio de un tatuaje que él mismo le realizó al vendedor. Cuando el trueque directo no era una opción, el principal acusado daba salida a los dispositivos aceptando cantidades de dinero en efectivo ridículas en comparación con el valor real de la mercancía, vendiendo terminales por cifras que oscilaban entre los 20 y los 150 euros.