Denunciado el asesor jurídico del concello de Ourense por faltar al trabajo para dar clases

El jefe de la Asesoría Jurídica del Concello de Ourense desde 2024, Javier García Gago, pieza clave en el engranaje municipal de Jácome y autor del informe técnico que sirvió para dar carpetazo a la denuncia administrativa contra el alcalde -ahora en vía penal- negando la condición de interesado a Telmo Ucha, se enfrenta ahora a una nueva acusación por llevar 10 años ausentándose “sistemáticamente” de su puesto laboral para trabajar en la universidad.

El juez Leonardo Álvarez acaba de archivar provisionalmente la denuncia penal de Ucha contra este funcionario -al contrario que a Jácome, al que ha llamado a declarar como investigado el 13 de febrero- al considerar que si hay una irregularidad administrativa en su situación -trabaja en el Concello y en la universidad-, la responsabilidad sería del Concello.

Siguiendo este argumento judicial, la acusación presentó el pasado domingo una denuncia administrativa, firmado por el abogado y ex asesor de DO Darío Diéguez -persona de confianza de Ucha-, que exige la suspensión provisional de empleo y sueldo de Gago.

En su escrito, Diéguez señala que Gago habría cometido dos faltas disciplinarias muy graves; por un lado, compatibilizar, sin estar autorizado, su cargo en la Asesoría Jurídica del Concello con la docencia en la universidad; por otro lado, absentismo laboral reiterado.

El denunciante entiende que este funcionario lleva desde el 2015 realizando una actividad sin autorización y faltando sistemáticamente a su puesto de trabajo durante el tiempo en el que ejerce su labor docente, “cobrando dos salarios públicos sin cobertura legal”. Además, considera que incide en la gravedad de los hechos que precisamente el funcionario sea el asesor jurídico del Concello -vacante que ocupó en 2024 de forma temporal y desde mayo de 2025 con plaza ya asignada por el gobierno de Jácome-. “Esto presupone expresamente que sabe perfectamente que está incumpliendo la norma y cobrando irregularmente”, aprecia el escrito.

Diéguez aporta como prueba la ficha de profesor de Gago en la Universidade de Vigo y el calendario del grado de Derecho el curso pasado, en el que se ve que solo se impartía en horario de mañana. “Nos encontramos con un funcionario que intencionadamente ha faltado a su puesto de trabajo durante más de 10 años, sin que se haya adoptado ninguna medida por parte de los servicios de Recursos Humanos”, apunta la denuncia.

Conflcito histórico

El conflicto sobre la docencia de García Gago viene de lejos. Ya en 2013, bajo el mandato socialista de Agustín Fernández, el funcionario solicitó la compatibilidad para impartir clases en la universidad. La negativa del entonces alcalde provocó un cisma político en el PSOE local, con concejales díscolos rompiendo la disciplina de voto para apoyarle. La tensión escaló hasta tal punto que en 2014 la junta de gobierno llegó a abrirle un expediente disciplinario por faltas “muy graves” tras constatar que impartía clases en horario de mañana. Gago, que ha transitado desde la jefatura de Personal con el PP hasta la ejecutiva provincial socialista y la representación de la CIG -sindicato que llegó a desmarcarse públicamente de sus actuaciones judiciales-, vuelve ahora al centro de una polémica idéntica a la que fracturó al gobierno local hace una década.

Este funcionario municipal consiguió en 2014, pese a la negativa del gobierno local de entonces, la compatibilidad por silencio administrativo tras acudir al juzgado. En todo caso, el denunciante señala que esta concesión era válida única y exclusivamente durante un curso universitario, siendo obligatoria su renovación anual -algo que no se habría realizado, ya que en los años posteriores no consta ninguna autorización-.

Además, nunca se podría haber autorizado una compatibilidad que impidiese al funcionario acudir a su puesto de trabajo. La Ley 53/1984 señala que “para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos”.

Requerimientos

Diéguez reclama ahora al Concello iniciar el procedimiento de devolución de ingresos indebidos dentro de la Administración Local por haber cobrado “dos salarios públicos sin haber acudido a su puesto de trabajo”. “Su inacción y la perpetuación de esta situación durante más de una década evidencian una actitud intencionada, orientada a mantener un beneficio económico indebido en detrimento de los intereses públicos que, como funcionario, está obligado a proteger”, añade la denuncia. Basándose en estos argumentos, solicita al Concello que adopte como medida cautelar la suspensión provisional de funciones, empleo y sueldo de Gago “para evitar la continuación del perjuicio al erario público”. Y advierte a los técnicos de Recursos Humanos que si dejan caducar el expediente o no actúan podrían enfrentarse a una querella por prevaricación al no poder alegar desconocimiento.

El precedente de Peinado

La denuncia cita el precedente del juez Peinado. El acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en 2021 le denegó la posibilidad de compatibilizar su cargo judicial con el ejercicio como profesor en la Universidad Complutense de Madrid en horario de 9:00 a 14:00 horas.