Dictamen desfavorable de la Xunta al PXOM de Ourense por discrepancia en la información presentada por Jácome

La falta de actualización de datos correspondientes a viviendas y población, falta de concordancia en los datos reportados en la documentación y discrepancia en cifras, esos son algunos de los argumentos que expone la Xunta a la hora de adoptar una postrura desfavorable ante el Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM) presentado por Jácome.

Así lo confirmó este viernes la directora xeral de Ordenación del territorio y Vivenda, Encarnación Rivas, en una rueda de prensa ofrecida en Ourense, que además añadió que ya había un informe de Intervención del Concello de Ourense que advertía de la falta de actualización de los datos: "Os datos de partida moitos son de hai 15 anos e non concordan na presentación e na memoria”.

Las zonas verdes, un punto de conflicto

"É un informe prolixo, de 20 folios", explicó Rivas en la presentación del mismo, al tiempo que puso el foco en que además de que las zonas verdes carecen de accesos en algunos puntos, el plan no incluye las formas de relieve, señalando que algunos puntos no serían disfrutables por parte de los ourensanos.

Las zonas verdes en las orillas del río Miño son, explicó la secretaria xeral, otro punto de conflicto. El PXOM remitido por Jácome las prevé, pero las definió como un acto de fe, porque "non están acreditadas".

Entre las deficiencias hay también otras correspondientes a infraestructuras y patrimonio cultura, que ya habían sido comunicadas al consistorio y que siguen sin solucionarse.

El informe desfavorable recoge, además, que en las zonas declaradas industriales se incumplen principios del Plan Sectorial de Galicia. Entre las razones esgrimidas por la Xunta, se argumenta también falta de definición en las alineaciones que distinguen la propiedad pública de la privada. La Axencia Galega de Infraestructuras, particularmente, señala que no se incorporan las actualizaciones normativas sectoriales

Tras la exposición de los motivos de la valoración desfavorable del PXOM, Rivas ha señalado que "non sería necesaria unha segunda exposición pública del plan", aunque aclara que es el secretario municipal quien tiene la competencia sobre si las modificaciones incluidas exigen o no una segunda exposición.

Un PXOM del siglo pasado

Al aprobarse el PXOM de Vigo el mes pasado había dejado a Ourense y a Pontevedra como las únicas provincias pendientes de renovar su plan urbanístico. Ambos municipios contaban con el plan más antiguo de Galicia, una ordenación del siglo pasado y seguirá siendo así tras el dictamen negativo que ha emitido la Xunta al plan de reordenación remitido por Jácome a Santiago.

La negativa de la Xunta permite no permite avanzar en la renovación legislativa necesaria para desatascar el potencial urbanístico del municipio. El proyecto estaba a la espera de esta decisión del Ejecutivo gallego. Cabe recordar que el PXOM de Ourense está vigente desde hace 39 años, puesto que la norma que está actualmente en vigor data de 1986, una situación que no permite adecuar el desarrollo urbanístico a las necesidades de la ciudad.

Informe negativo, no paralizado

Los grupos políticos de la oposición habían tenido acceso a la consulta de documentación que revisa el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense, es decir, principalmente, los informes contenidos en el mismo. Una vez conocidos, la oposición transmitió quejas por las dificultades que encontraron a la hora de conocer el alcance exacto de los cambios que aplicó en el plan el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, en el documento enviado a la Xunta.

En una primera vista de los documentos que ahora informa la Xunta, el PSOE había advertido que aprobar así el PXOM es una “operación de alto risco” y llamó a convocar la comisión de seguimiento después de haber advertido en la documentación del expediente que un informe del interventor municipal recuerda que el expediente contiene “vicios de procedemento” que podrían tener consecuencias jurídicas, que se carece de un estudio económico-financiero formal sobre los gastos que debería afrontar el Concello, que podrían ser indemnizaciones millonarias.

Cabe destacar que la Xunta puntualiza que este dictamen no significa una paralización, puesto que el proceso sigue en marcha.