La discoteca de Valle Inclán tiene vía libre para reabrir

El Concello de Ourense ha dado vía libre a la reapertura del polémico local de la antigua discoteca Macao en la Rúa Valle Inclán nº 3. Mediante un decreto con fecha 20 de octubre de 2025, el gobierno municipal ha acordado alzar la medida cautelar que mantenía suspendida la actividad desde el año 2019. Simultáneamente, se ha declarado caducado el expediente que buscaba la revocación de la licencia. Esta decisión reactiva, por tanto, el permiso original de discoteca otorgado mediante el 26 de junio de 1982.

La medida ha reavivado la gran polémica vecinal, ya que los residentes de la zona consideran inasumible que se permita la reapertura amparándose en las condiciones de una licencia de 1982, una época en la que la normativa no exigía los niveles de insonorización ni las medidas de accesibilidad para personas con movilidad reducida que se requieren actualmente. La resolución municipal se fundamenta en una serie de informes técnicos que avalan la subsanación de las deficiencias que motivaron el intento de revocación. La nueva mercantil arrendataria, Ourensebaila S.L., solicitó la oportunidad de corregir las irregularidades detectadas (como la eliminación de barras añadidas sin permiso y la repuesta del mobiliario original), y las inspecciones municipales posteriores han determinado que el local se ajusta ahora al proyecto original.

Respecto a la controvertida cuestión de la insonorización, el informe de la ingeniera técnica industrial municipal admite que en el año 1982 “no se exige certificación técnica alguna que garantice el cumplimiento del aislamiento acústico” y que, además, los resultados de mediciones actuales no serían comparables con los datos del proyecto original al usar magnitudes distintas. El informe concluye que, si bien no se puede “afirmar o negar categóricamente” si las condiciones actuales son equivalentes a las de 1982, las modificaciones realizadas no suponen una “modificación sustancial” en cuanto a contaminación acústica. Cabe destacar que la solicitud presentada por la comunidad de propietarios en enero de 2025 para incoar un nuevo expediente de revocación fue expresamente rechazada por el Concello.

Es un caso insólito, pues a finales de 2019, a raíz de unas obras ilegales y la polémica por una fiesta de fin de año con menores, el Concello había suspendido la actividad del recinto aludiendo a “riscos serios de seguridade” tras los informes municipales que acreditaban que se habían realizado modificaciones sustanciales en el interior del establecimiento sin la pertinente licencia de obra. Sin embargo, ahora seis años después, Urbanismo permite reactivar la licencia tras haberse eliminado las obras hechas en su día sin permiso y haber devuelto la instalación a las condiciones que tenía en 1982, primera vez que recibió licencia.

Desde Urbanismo, argumentaron siempre que la discoteca tenía la licencia suspendida, pero nunca se llegó a tramitar la caducidad de la licencia, por lo que puede reabrir al amparo del artículo 46 de la Ley de Emprendimiento de 2014 si el local está en las mismas condiciones que estaba cuando se le concedió la licencia original.

La polémica se intensifica con el papel de Bienvenido Fernández, director del PERI. Los vecinos acusaron al técnico de “manifiesto trato de favor” y solicitaron su recusación, al presentar imágenes de redes sociales que mostraban una relación de amistad entre el hijo del técnico y los cinco gerentes de la sociedad Ourensebaila SL. El Concello desestimó la petición de recusación en febrero de 2025.

Los promotores aseguran que el local cumple todas las exigencias técnicas

La nueva discoteca, que operará bajo el nombre “Desorden”, abrirá sus puertas este próximo sábado 25 de octubre. La mercantil arrendataria del local, Ourensebaila S.L. asegura que ha cumplido estrictamente con todas las exigencias técnicas para reabrir el local y acusa a los vecinos de falta de colaboración para llegar a un entendimiento.

Respecto a la controversia sobre el aislamiento acústico, los promotores explican que la normativa actual exige la instalación de un limitador de sonido. Este dispositivo garantiza que el ruido “no puede molestar a esa vivienda una vez que se supera un límite preestablecido en la medición, pero los vecinos no nos han permitido acceder a sus domicilios para medir la incidencia en sus casas e incluso nos han amenazado con montar un piquete el día de la reapertura”. La sociedad afirma que, más allá de los informes municipales, cuentan con el respaldo de “varios ingenieros que contrastan todas las modificaciones”.