Esteban Basalo, magistrado: “La reforma compromete la independencia judicial”

El magistrado Esteban Basalo asegura que la huelga convocada por todas las asociaciones judiciales, excepto Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD), de sensibilidad progresista, evidencia un malestar profundo en la judicatura por las intenciones del Gobierno de apostar por un modelo que compromete la independencia judicial.

“Es necesario que el proyecto de ley que se ha establecido a día de hoy sea retirado, porque es una suma de distintas medidas que todas juntas constituyen un atentado directo contra la independencia judicial”, valora. Y enumera la oposición tajante a una de las reformas, el proceso de estabilización extraordinario para los jueces sustitutos mediante “un sistema que no tiene nada que ver con los principios de igualdad de mérito y capacidad”. Afectaría a algo más de 600 jueces interinos y 300 fiscales y, según Basalo, “se convertirían en miembros de la carrera judicial o fiscal de forma completa con un dictamen que tampoco sabemos en qué va a consistir”. Hasta el momento, esa opción es posible a través del llamado cuarto turno, que también “quieren ampliar” (ahora representa una de cada cuatro plazas convocadas).

La mayor parte de la carrera también rechaza el centro de preparación de los opositores. “¿Dónde se ha visto que una administración pública para formar a los opositores cree un centro público para que luego la propia Administración quiera que los opositores entren por ahí? No tiene sentido”, asegura el magistrado que forma parte del comité de huelga.

Tampoco comparten la reforma del examen del tercer ejercicio, un caso práctico. En estos momentos, la oposición es teórica: un examen tipo test y dos exámenes orales. El caso práctico en una oposición está sujeto a unas valoraciones más subjetivas, además del riesgo de filtración, argumenta Esteban Basalo.

Desde esta parte, tampoco comparte que en la Comisión de Ética de los jueces -elegida por ellos- se dé entrada a cuatro miembros elegidos por el Congreso y el Senado.

Los jueces que secundan la huelga no quieren que la instrucción de los asuntos recaiga en “una Fiscalía con dependencia absoluta del poder Ejecutivo”.