El paro de jueces y fiscales aplaza juicios en Ourense para marzo de 2026

La huelga de jueces y fiscales por las reformas que planean sobre el Poder Judicial, propuestas por el Gobierno central, dejó estampas muy diferentes en el edificio de O Couto. En la planta baja, fue un día corriente, en donde los juzgados sociales celebraron vistas con normalidad y el trasiego en el vestíbulo fue constante durante toda la mañana.

En el Juzgado Social 2, la jueza Blanca Díez celebró 10 vistas por asuntos que, a su juicio, “no debían aplazarse”: Siete de Seguridad Social (reclamaciones de prestaciones o incapacidades), un despido, una vulneración de derechos fundamentales y hasta una demanda por determinación de contingencia en una baja.

El juez decano, titular de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, salía de la semana de guardia con siete juicios rápidos pendientes, pero solo celebró uno porque se pedía, según confirmó, “una orden de alejamiento en un delito de coacciones”.

Veinte peldaños hacia arriba, la primera planta estaba completamente desierta. El pasillo de los dos juzgados penales (salas 14 y 15) es uno de los más abarrotados del edificio porque sus vistas reúnen a toda una amalgama de abogados, acusados, testigos o peritos. Las dos juezas que secundan la huelga los tres días de la convocatoria han suspendido un total de 33 vistas (ninguna de ellas con el inculpado en prisión provisional). Solo ayer, tenían señalados ocho juicios. Nadie se presentó porque las magistradas avisaron a los afectados con antelación para evitar el desplazamiento en balde.

En el caso del Penal 1, según aseguró su titular, Victoria Candamo Paris, los asuntos aplazados tendrán que ser reubicados en marzo del próximo año porque la agenda de señalamientos está repleta hasta entonces. Uno de los juicios era una continuación por lo que habrá que repetirlo de nuevo. No es posible celebrarlo antes de 30 días, tal como marca la ley. La primera parte se había desarrollado el 4 de junio y el inculpado, Santiago M.P., estaba previsto que declarase ayer a las 09,30 horas junto a los policías que lo detuvieron. Está acusado de apoderarse de un móvil, el 9 de diciembre de 2022, y con la clave de acceso realizar trasferencias y bizum por importe de 2.513 euros.

La jueza del Penal 2, Susana Pazos, intentará reubicarlos antes de fin de año.

El seguimiento también se dejó sentir en los juzgados de Instancia. El Juzgado de Familia celebró dos juicios -demandas de patria potestad de menores- de seis, por ejemplo, según confirmó la fiscal que asistió. Instancia 1 suspendió todos.

En cuanto a los fiscales, cuatro de ellos secundaron la huelga y trabajaron asumiendo servicios mínimos por asuntos relacionados con guardias con detenidos, menores o colectivos vulnerables.