Un ex letrado del Juzgado de Violencia de Género montó un piso de citas en Ourense

Álvaro G. R. (57 años) quiso ser juez, incluso llegó a aprobar el primer examen, pero al final acabó como secretario judicial por oposición. En octubre de 2015, al igual que el resto del colectivo, pasó a ser letrado de la administración de justicia, un cambio de denominación que le agradaba porque suponía un mayor reconocimiento dentro de la oficina judicial.

Este servidor público se labró una vida laboral de algo más de 30 años en la Administración de Justicia. Primero, en Instancia 5 de Ourense y, en los últimos años, en Instrucción 3, un juzgado especializado en Violencia de Género. Pero una detención por revelación de secretos y un delito de favorecimiento de la prostitución, en enero de 2023, supuso un punto de no retorno en su carrera como jurista.

El funcionario, ya ex desde enero de este año al serle reconocida una incapacidad laboral para la prestación del servicio por patología psiquiátrica que lo desvincula de la Administración de Justicia, trabajaba en un juzgado por el que entraban diariamente muchas mujeres para denunciar casos de maltrato. En junio de 2021, comenzó a chatear con una de las víctimas a la que llegó a comentar cuestiones sobre asuntos que estaban en su juzgado: datos personales y detalles de las agresiones sufridas por dos víctimas de violencia machista en concreto; reveló la identidad y el posible paradero de la joven Nerea Añel tras una diligencia de reconstrucción; días antes había informado sobre el dinero incautado en una entrada y registro en la que él mismo participó y llegó a extraer del procedimiento 874/21 fotografías de índole sexual de los litigantes.

El móvil de las filtraciones judiciales no tenía como objeto favorecer a nadie. Simplemente, según se determinó en la investigación policial, lo hacía con el objetivo de proyectar una imagen de estatus y poder ante su interlocutora, demostrando un acceso privilegiado a la información sensible. “Su afán era de ostentación, buscaba impresionar mediante el ejercicio de influencia dentro del ámbito judicial”, aseguran fuentes cercanas al caso.

Escondido durante media hora en el baño del juzgado

El ex funcionario judicial fue condenado este martes a una pena de cuatro años de prisión tras ratificar un acuerdo de conformidad ante el Juzgado Penal 2 en una vistas marcada por su actitud esquiva. El acusado llegó al edificio judicial de O Couto intentando pasar desapercibido, ataviado con gafas de sol, gorro y mascarilla, y con la clara intención de evitar a los medios de comunicación presentes, llegando a refugiarse en el interior de un baño donde permaneció escondido durante media hora, hasta el momento exacto en que fue requerido para entrar en la sala de vistas. Ante la jueza, visiblemente nervioso tal como delataban sus manos temblorosas, solo se quitó la gafas de sol.

Una vez ante la magistrada, reconoció íntegramente su autoría en un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y otro delito relativo a la prostitución, aunque evitará el ingreso en un centro penitenciario ya que, en virtud del acuerdo alcanzado, la ejecución de la pena ha quedado suspendida bajo la condición de que no vuelva a delinquir en un plazo de dos años y abone una multa de 20 meses a razón de 6 euros diarios. La suspensión es posible porque ninguna de las penas por separado sobrepasa los dos años de prisión y de forma conjunta la horquilla se amplía a los cinco, en caso de que el inculpado no tenga antecedentes penales y tenga satisfechas la responsabilidade civil (no hay en este asunto).

La breve comparecencia obligó al inculpado a visitar el edificio judicial en el que ya no trabaja desde que fue detenido por la Guardia Civil el 30 de enero de 2023. En ese momento, el Instituto Armado tiró del hilo de la denuncia interpuesta por un hombre, residente en la provincia de Ponteedra, que no sabía del paradero de su pareja, pero sabía que conversaba con un letrado de la administración de justicia de Ourense.

La sentencia, ya firme, considera probado que el exletrado alquiló una vivienda en el 123 de la calle Progreso de Ourense entre el 5 de noviembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021 donde, aprovechándose del conocimiento que tenía por su cargo sobre la situación de precariedad económica y emocional de las víctimas, contactó con dos mujeres, instándolas a ejercer la prostitución en dicho inmueble, actividad que abandonaron al cabo de algo más de mes de forma voluntaria. No pudo demostrarse que el funcionario lograra un lucro económico con el piso de citas, sino “la satisfacción de su vanidad personal y la búsqueda de autoafirmación”, aseguran fuentes próximas a la investigación.