La Fiscalía acusará a Jácome de prevaricar con su sueldo de alcalde

La situación judicial del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, lo encamina irremediablemente hacia el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial. Todo ello, a pesar de sus intentos desesperados de aprovechar a su favor los tiempos muertos del procedimiento penal en torno a sus ingentes ingresos públicos y privados al margen de los cauces legales.

La Fiscalía no ha solicitado el archivo de la causa, tal como indicó el regidor ayer en un comunicado del Concello a media mañana y que corrigió a las 18,58 horas, y tiene previsto presentar su escrito de acusación por prevaricación administrativa en los próximos días. Si aún no ha formalizado este trámite, no es por falta de voluntad ni por dar carpetazo al asunto, sino por un escollo procesal que, según entiende, debe resolverse primero.

El fiscal Mario Brualla se encuentra a la espera de que el titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción de Ourense, Leonardo Álvarez, resuelva el recurso de reforma presentado por la acusación particular —que también recurrió en apelación ante la Audiencia— para ampliar el listado de delitos imputados al alcalde. De la resolución de ese primer recurso depende algo tan decisivo como el tipo de tribunal que juzgará al regidor. Además, el Ministerio Público ha dado un paso firme al oponerse formalmente al recurso de apelación de la defensa de Jácome, que solicitaba el archivo de la causa. La postura de la Fiscalía Provincial es nítida: rechaza el carpetazo y exige que el procedimiento continúe adelante por un delito continuado de prevaricación administrativa.

El frente judicial que podría costarle la carrera política a Jácome tiene su origen en una querella de Telmo Ucha, exedil de Democracia Ourensana, por el presunto cobro irregular de retribuciones públicas. Según el auto del magistrado instructor, el alcalde ha percibido su salario en régimen de dedicación exclusiva desde junio de 2019 sin solicitar la compatibilidad obligatoria al pleno para compaginar su cargo con actividades privadas. El foco se centra en la explotación de la cadena local Auria TV, de la que Jácome es propietario y único responsable. Esta situación le permitió cobrar del erario cantidades que sumaron 366.178,60 euros entre 2020 y 2024, a los que se añaden otros 66.699,96 euros hasta noviembre de 2025.

Con estos mimbres, el pasado 14 de abril el juez dictó un auto de continuación por los trámites del procedimiento abreviado, al hallar indicios sólidos de prevaricación administrativa. Calificó la conducta del alcalde como una vulneración “absolutamente grosera” de la legalidad, realizada con pleno conocimiento de su injusticia. No obstante, el proceso sufre un paréntesis técnico debido al choque de estrategias entre las acusaciones.

Tribunal del Jurado

Mientras la Fiscalía se ciñe a la prevaricación, el letrado de Ucha no se conforma y recurrió el auto para ampliar los cargos a malversación de caudales públicos y falsedad documental. Además, el pasado 28 de abril ya presentó su escrito de conclusiones provisionales contemplando estos delitos y pidiendo hasta once años y medio de prisión. Si el juez admitiese incluir la malversación, las reglas del juego cambiarían drásticamente y el caso pasaría a ser juzgado por un Tribunal del Jurado.

Precisamente, ante este movimiento, la Fiscalía optó por la cautela, aguardando a que se confirme la resolución primera del instructor. En lugar de presentar su escrito de acusación por prevaricación y arriesgarse a tener que rehacerlo si cambia el tipo de procedimiento, el fiscal presentó un escrito impugnando el recurso de la acusación particular. El fiscal se opone a añadir la malversación al sostener que las remuneraciones obtenidas “no son fondos públicos que estén a su cargo previamente al acto”. Aunque Jácome cobró sus nóminas como alcalde sin cumplir los requisitos legales, el fiscal entiende que no “robó de la caja” que él mismo custodiaba. Esta postura choca frontalmente con la acusación particular, que considera que Jácome tenía un dominio absoluto sobre las cuentas y diseñó un circuito para desviar dinero público hacia su patrimonio personal a través de facturas a Auria TV.

En cuanto a la falsedad documental, el fiscal defiende que la seguridad del tráfico jurídico “nunca estuvo en peligro”. Según detalla, “los concelleiros del Ayuntamiento de Ourense sabían perfectamente las actividades a las que se dedicaba el investigado”, y era un hecho notorio que Jácome era dueño de Auria TV y recibía importantes ingresos por ella. Por tanto, a su juicio, su declaración de bienes “nunca logró el objeto de confundir o alterar la percepción de la realidad”.

La confirmación de la Fiscalía a primera hora de la tarde avalando el auto judicial para sentar en el banquillo de los acusados al mandatario local, formalizando su acusación en cuanto se despeje la incógnita de los delitos añadidos, acalló la maniobra improvisada del alcalde para intoxicar a la opinión pública y embarrar el procedimiento. Jácome se vio obligado a matizar sus palabras al quedar en evidencia el primer comunicado del Concello, el mismo que aseguraba de forma triunfalista: “O Ministerio Fiscal non formula acusación por prevaricación contra o alcalde de Ourense”.