La fiscal pide seis años de cárcel para el imputado por el hackeo de la Diputación de Ourense

La cuenta de la Diputación de Ourense sufrió en 2019 un hackeo que se saldó con la pérdida de más de 100.000 euros. Casi seis años después la investigación finalizó y la fiscal, Pilar Manso, presentó ya su escrito de acusación, interesando para el presunto autor de esta estafa, José Lucas Cruz Barrera, la pena de seis años de prisión -cinco por un delito de estafa y uno por un delito de daños-. El acusado, según la acusación pública, lo hizo de común acuerdo con una o varias personas que no resultaron identificadas.

El primer signo de un posible fraude ocurrió el 26 de septiembre de 2019, cuando se realizó una transferencia no autorizada de 840.000 euros. Sin embargo, la estafa no llegó a completarse al recuperarse la cantidad de manera íntegra gracias a la paralización de la operación.

Un mes después, el 30 de octubre, desde un ordenador del Departamento de Tesosería de la Diputación, se tramitó un documento en el que se autorizaban cinco transferencias bancarias a diferentes instituciones. La Asociación de la Patata de A Limia contactó con la interventora general de fondos del organismo público para indicarle que no habían recibido el dinero. Se trataba de 89.999 euros que fueron a parar, como consecuencia de la estafa, a una cuenta bancaria de una empresa canaria cuyo administrador único es José Lucas Cruz Barrera, según el escrito de Fiscalía.

El fraude no quedó ahí. Días después la Diputación sufrió otra estafa por medios similares a los anteriores. La acusación pública sostiene que el acusado ocasionó “error suficiente para que se realizase otra transferencia fraudulenta, en esta ocasión, por cuantía de 80.000 euros”. Estas cantidades, señala el escrito, fueron transferidas a otra cuenta perteneciente a la misma empresa, si bien la suma de 23.401 euros fue objeto de recobro automático por parte de la entidad bancaria. Además, la fiscal también señala que el 8 de noviembre José Lucas Cruz Barrera logró encriptar de manera fraudulenta varios ordenadores de la Diputación para borrar las huellas digitales que hubiera dejado con motivo de estas acciones.

La Fiscalía considera al acusado autor de un delito de estafa y otro de daños. Por el primero interesa una pena de cinco años de prisión y la multa de 10 meses con una cuota de 15 euros al día y por el segundo un año de prisión. Alternativamente al de estafa, la fiscal incluye un delito de blanqueo de capitales por el que pide una pena de tres años de prisión. Además, solicita que indemnice a la Diputación de Ourense en la cantidad de 146.597 euros