La gestión de Corral en el automovilismo gallego, bajo la lupa del juzgado

El titular de Instrucción 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, tomó declaración a cinco testigos citados en el marco de la investigación judicial iniciada tras la denuncia de la Fiscalía de Ourense en junio de 2023 contra un expresidente de la Federación Galega de Automobilismo (FGA), el carballiñés Iván Corral Pérez (1984-2022), y tres miembros de su familia.

Los cuatro están siendo investigados por tres delitos: falsedad en documento público, estafa y blanqueo de capitales, todo ello en relación al sobrescoste en las pólizas de los vehículos que participaban en los ralis. Está bajo la lupa judicial si los denunciados formaban una estructura laboral estable en el entramado de la federación para obtener de manera ilícita 465.000 euros mediante sobrescostes en las pólizas, un dinero ingresado a través de empresas intermediarias (Pool Broker y Tecni System Broker).

El asunto se judicializó cuando dos presidentes de escuderías de motor pusieron en conocimiento del Ministerio Público las presuntas irregularidades detectadas en los últimos años de la gestión de Corral.

Declaran cinco testigos

Los denunciantes, Alfonso García Eiriz e Iván Nogueira, están personados como acusación particular y declararon el martes en calidad de testigos junto a un administrativo de la FGA y otros dos presidentes de escuderías.

La fiscal puso en manos de la Policía Nacional (UDEF) el examen de 139 pruebas entre 2019 y 2020, concluyendo que los imputados supuestamente manipularon las pólizas para obtener un sobrecoste total de 465.000 euros, ingresado en distintas cuentas, algunas a nombre de empresas externas.

La Fiscalía también recabó información de escuderías y organizadores sobre el abono de los seguros y su importe, con facturas y recibos emitidos por la federación.

Tanto García Eiriz como Nogueira comenzaron a sospechar cuando, en el “Rali do Lacón” de agosto de 2021, abonaron 32.935 euros para el seguro, pero el justificante indicaba solo 18.765 euros. Al pedir explicaciones, se les remitió una segunda factura por 14.169 euros en concepto de “gastos de gestión”. A partir de ahí, compararon las pólizas con las de la federación de Castilla y León.