El gobierno de Jácome denuncia al interventor del Concello de Ourense ante la Xunta

“obstruccionismo”

Pide expedientar al interventor del Concello de Ourense por “obstruccionismo” tras intentar Jácome cesarlo, sin éxito, y ser condenado por acoso

Jácome y el interventor, Gonzalo Alonso
Jácome y el interventor, Gonzalo Alonso | La Región

El gobierno municipal del Concello de Ourense ha formalizado su ofensiva contra el interventor, Gonzalo Alonso, mediante una denuncia ante la Dirección Xeral de Administración Local de la Xunta. El escrito, registrado el pasado 24 de marzo, atribuye al funcionario la comisión de presuntas faltas calificadas como graves o muy graves. La existencia de esta denuncia fue revelada este jueves por el propio interventor durante la sesión del Consello Reitor del Consello Municipal de Deportes y confirmada por este periódico.

Al tratarse de un funcionario con habilitación de carácter nacional, el Concello carece de competencias para incoar expedientes disciplinarios o sancionar directamente al interventor. Esta potestad recae legalmente en la Xunta, que debe determinar si existe base real para un proceso sancionador.

En una maniobra para evitar la nulidad del proceso, es el teniente de alcalde, Aníbal Pereira, quien firma la denuncia en lugar del regidor, Gonzalo Pérez Jácome. Esta delegación responde al obligado deber de abstención del alcalde debido a las causas judiciales que mantiene con el interventor.

El texto de la denuncia sostiene la tesis del gobierno de un “obstruccionismo” que supuestamente paraliza la gestión municipal. El ejecutivo local llega a argumentar que esta discrepancia técnica es la causa de que entidades de carácter social no cobren en tiempo y forma.

Este movimiento administrativo da continuidad a las amenazas lanzadas por el ejecutivo en el pleno de diciembre de 2025. En aquella sesión, el interventor denunció un “caos presupuestario” en el pago de las luces de Navidad, mientras el alcalde le acusaba de bloquear expedientes de forma deliberada.

La Xunta debe decidir ahora si admite a trámite la denuncia y nombra un instructor. De prosperar, el proceso podría derivar en sanciones que van desde la suspensión de funciones hasta la separación del servicio, un objetivo que persigue Jácome tras haber intentado sin éxito en el pasado el cese del funcionario.

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