El interventor advierte del "mayor disparate" en sus 30 años de carrera y Jácome lo acusa de boicotearlo

El Concello de Ourense se ha convertido definitivamente en un polvorín. El pleno extraordinario de este martes -convocado de urgencia para abonar, con casi un año de retraso, la iluminación de la Navidad pasada- sirvió para constatar la ruptura total entre el gobierno local y el habilitado nacional encargado de la fiscalización económica municipal, el interventor Gonzalo Alonso.

En el punto llevado por el gobierno local para levantar un reparo -que el interventor negó haber hecho - y desbloquear la factura de 600.000 euros pendiente desde febrero por las luces de Navidad del año pasado derivó en un enfrentamiento inédito.

La tensión estalló cuando el habilitado nacional, encargado de velar por la legalidad de las cuentas, se vio obligado a intervenir a viva voz para defenderse de las acusaciones de bloqueo vertidas por la Alcaldía, advirtiendo que él no hizo ningún reparo, mientras Jácome lo acusaba de hacerlo de forma sibilina para retrasar la maquinaria administrativa.

En una alocución inusualmente dura y extensa, Alonso calificó la situación actual como "el mayor disparate de gestión" y el peor "caos presupuestario" que ha presenciado en sus 30 años de carrera profesional. El técnico advirtió de la gravedad de unos errores de gestión que podrían acarrear, de nuevo, la anulación del presupuesto municipal.

Guerra abierta entre Jácome y el interventor

Lejos de la autocrítica o abrirse el diálogo, la respuesta de Jácome fue una declaración de guerra abierta. El regidor insinuó que el interventor actúa con mala fe para perjudicar deliberadamente al gobierno local -"tengo derecho a ser malpensado", espetó- y le acusó de no fiscalizar el expediente de las luces "porque no le dio la gana".

El alcalde elevó el tono hasta la amenaza legal, anunciando al finalizar la sesión que dará traslado del expediente a la Xunta de Galicia. Dado que el Concello no tiene competencias sancionadoras sobre los habilitados nacionales, Jácome solicitará al gobierno autonómico que se le exijan responsabilidades patrimoniales al funcionario, culpándole de los intereses de demora generados por el impago.

En este pulso contra la Intervención, Jácome no estuvo solo. El alcalde contó con el respaldo técnico de Francisco Cacharro, actual secretario del pleno y anterior coordinador general del Concello, cuya figura fue determinante para armar la arquitectura jurídica que permitió al regidor sortear el bloqueo. Frente a la postura del interventor, que insistía en que solo devolvió el expediente y no hizo ningún reparo, la asistencia de Cacharro avaló la tesis del gobierno local, considerando su oficio de devolución de expediente y una supuesta negativa a fiscalizar el expediente como un "reparo de facto".

A votación

Esta interpretación fue la llave que permitió a Jácome elevar el asunto a votación, una maniobra que el propio interventor atribuyó, no sin cierta ironía durante su alocución, al criterio del "gran coordinador general' en el que se apoya el alcalde.

El origen de este conflicto contable a la hora de pagar las luces radica, según desveló el debate plenario, en el desmantelamiento del área de Comercio y los consiguientes "quiebros contables" del gobierno local, que intentó cargar los gastos de las luces a la partida de Artes y Festejos cuando el contrato se había hecho en origen con cargo a Comercio.

Una maniobra que el interventor considera irregular y que no podía fiscalizar hasta corregir el error de origen. Sin embargo, el gobienro local, apoyado en otros informes, transformó el oficio de devolución del interventor en un reparo para así levantarlo en el pleno celebrado hoy -con la abstención del PP- y eludir la fiscalización.

Papel clave del PP

Los populares volvieron a jugar un papel decisivo para deshacer el entuerto. Su portavoz, Javier Nóvoa, fue crítico con la gestión de Jácome, reconociendo que pagar ahora una factura de febrero es fruto de la ineficacia del gobierno, pero optó por la abstención para permitir que "las empresas cobren".

No obstante, Nóvoa censuró el protagonismo de los funcionarios. "Los técnicos tienen que escribir, no hablar", exigió el popular, solicitando que se limiten las intervenciones orales de secretario e interventor en los plenos.

Tanto PSOE como BNG coincidieron en alertar de las graves consecuencias jurídicas de este modus operandi instalado en el Concello, de contratar servicios como las luces sin crédito y buscar subterfugios un año después para pagar.

La socialista María Fernández advirtió que que contratar servicios "a sabendas" de que no existe crédito presupuestario adecuado -como ha ocurrido con las luces- podría constituir un delito de "malversación de caudais públicos" acusando al regidor de actuar con "manifesta incapacidade política'.

Por su parte, Luis Seara (BNG) lamentó que la estrategia de Jácome busca "amordazar as voces disidentes" dentro de la casa, y recordó que cuando funcionarios de alto nivel toman la palabra no dan opiniones, sino que están formulando "advertencias de ilegalidade" que el gobierno local está decidiendo ignorar sistemáticamente.