Interventor y empresa chocan por el fin de la obra de la Plaza de Abastos de Ourense

La obra de la Plaza de Abastos, ahora mismo en fase de trabajo conjunto entre Concello y Xunta para elaborar el plan funcional, se ha visto envuelta en polémica, un choque entre el interventor municipal y la empresa adjudicataria. Uno pide sanciones para la empresa, esta reclama al Concello que le debe dinero y el ente local da el visto bueno a las obras y hace mutis por el foro.

El interventor municipal, Gonzalo Alonso, se negó a firmar el acta de recepción de la reforma de la Plaza, y en su informe, al que ha tenido acceso este periódico, advierte de que una parte de las obras no se corresponden con lo proyectado, algo que desmiente la empresa y corroboró la arquitecta municipal.

El máximo órgano de fiscalización de la gestión municipal relata que se advierte la ausencia de 14 farolas, una de las ocho pérgolas contempladas y la propia zona de ajardinamiento, elementos que se incluían en el modificado número 2 del proyecto.

Además, el órgano fiscalizador de la gestión municipal sostiene que los ascensores construidos difieren de los certificados por la dirección de obra, y también afirma que el importe facturado por control de calidad apenas asciende a 63.081 euros, muy lejos de los 198.140 euros comprometidos por la empresa adjudicataria de la obra, Acciona, en su propuesta económica.

Asegura el interventor que después de la visita para recepcionar las obras la empresa entregó una relación de gastos de “control de calidad” por 151.000 euros, pero “no se aportan facturas de los mismos” y, a su juicio, “lo que es más grave, la mayor parte de los mismos no guardan relación con el ejercicio de un control de calidad y no constan ene l expediente administrativo”.

También indica el funcionario que dos años después de acabar la obra material de reforma -diciembre de 2022- no se practicó una prueba final del funcionamiento de las instalaciones, que impedía así dar el visto bueno a la recepción. “No consta la certificación de las mejoras ofertadas por Acciona”, concluye el interventor, en medidas como el reforzamiento de sótanos, las zonas de carga y descarga o un cuarto ascensor ofertado. También recuerda que no se cumplieron los plazos de ejecución.

Por todo ello, este habilitado nacional considera que la empresa debe ser sancionada, máxime cuando fueron la clave para recibir el contrato precisamente las medidas de control de calidad y el plazo de ejecución.

Reproches

Este informe choca con la visión de otros funcionarios. De hecho, tras el escrito del interventor, otro informe, este firmado por Bienvenido Fernández, funcionario de Urbanismo, afeaba al interventor que no firmase el acta de recepción, algo preceptivo, dijo, “sen prexuízo das consideracións que se considere oportuno realizar”, acusándolo así de dilatar los plazos.

La empresa justifica en la “funcionalidad” y el devenir de la obra algunos cambios

Los arquitectos, la empresa y la arquitecta municipal exponen en el documento final para la certificación que la ausencia de 14 farolas y una pérgola, que no se han ejecutado en su totalidad, se debe a las órdenes de la dirección de obra, que prefirió colocar “solamente tres farolas y dar más protagonismo a la iluminación exterior indirecta” del recinto, con más balizas de pared, además de incluir iluminación LED, para conseguir una “iluminación más amable, uniforme y con menos capacidad de deslumbramiento”.

Respecto a la ausencia de ajardinamiento, aclaran que en el momento de recepcionar la obra se había realizado al “hidrosiembra”, aunque debido a las temperaturas estivales, el césped “no pudo desarrollarse”.

En cuanto a los ascensores, reconocen que no se corresponden “de forma literal y estricta” los instalados con los diseñados por funcionalidad, pero tienen “prestaciones similares”.

Por último, sobre el control de calidad, los firmantes defienden que en ningún caso se exige que se justifique con facturas, y aseguran que parte de los trabajos no se externalizaron y se hizo con medios propios, lo que los hace “difícilmente justificables” con facturas, al ser constes internos. De parte de la empresa, enviaron por escrito al Concello de Oruesne que se tenga en cuenta que siguen reclamando medio millón de euros por revisión de precios y que la certificación final de la obra no implica que renuncien a ello.