Jácome amenaza a los ourensanos sin Plaza de Abastos en Navidad

La junta de gobierno del Concello de Ourense aprobó este jueves el desalojo forzoso de los comerciantes de la Plaza de Abastos provisional en la Alameda. Sin alternativa viable -al estar el edificio histórico sin rematar- y a las puertas de Navidad, Gonzalo Pérez Jácome activó una polémica cuenta atrás de 30 días. Una maniobra de alto riesgo que, de ejecutarse, abocaría al cierre de los negocios. Pero el conflicto está judicializado, por lo que la última palabra la tendrá el juez.

El texto declara la “caducidad” del permiso en la Alameda aferrándose a un supuesto “incumplimiento de plazos” de los placeros para presentar su proyecto de obra. Así, el Concello empuja a los comerciantes a salir de su ubicación actual sin garantizarles la entrada en el Edificio Histórico, un inmueble de titularidad municipal que sigue inconcluso, sin puestos habilitados ni suministros.

La respuesta fue inmediata. Emilio González, presidente de los placeros, advirtió al regidor que su decreto tiene un recorrido nulo y que pedirán cautelares al juez: “No nos va a echar la junta de gobierno local, nos echará la Justicia”. Los placeros piden una moción de censura a las fuerzas de la oposición, señalando la incapacidad de Jácome para gestionar la ciudad. “Es el momento de echarlo”, aseveró Milucho. “Que los partidos políticos se unan, que se dejen de comunicados y poner paños calientes”.

En un comunicado, los comerciantes censuraron el modelo de ciudad instaurado por Jácome. “El nivel de mediocridad, cutrerío y deterioro de nuestra ciudad es alarmante”, señalaron los placeros, que apelan al “amor por esta ciudad” para revertir la situación.

Desde la oposición, el PP expresó su “rotundo rexeitamento” a la orden de desalojo, advirtiendo que esta medida solo sirve para “agravar o conflito”. Los populares apelan al “diálogo” frente a “imposicións” y reiteran la disposición tanto del grupo municipal como de Xunta y Diputación para buscar una solución consensuada.

El portavoz del BNG, Luis Seara, calificó la orden de “irresponsabilidade”, ya que “o edificio non está en condicións e os praceiros venden produtos alimenticios, non venden guitarras”. Seara lamenta la crueldad de los tiempos: “Ditar a orde de desaloxo é unha infamia, e facelo nestas datas, en Nadal, cando esta xente se está gañando a vida, é dunha saña que eu non podo chegar a entender”.

La respuesta de Jácome fue acusar a los placeros de defender “privilegios” y de querer un “edificio de lujo” pagado por todos, ignorando de nuevo la realidad de un mercado inacabado que él mismo se niega a finalizar rechazando la ayuda de otras administraciones tras perder millonarias subvenciones.

250 familias a un edificio fantasma tras rechazar 2 millones y perder otros 3

Para entender la polémica del decreto de desalojo hay que deshacerse de la retórica burocrática del alcalde. Lo que Jácome vende como un trámite por “incumplimiento de plazos” es, en la práctica, un decreto de cierre de la Plaza de Abastos. La orden obliga a abandonar la Alameda en 30 días. ¿Hacia dónde? A ninguna parte. El Edificio Histórico es hoy una explanada diáfana. Enviar allí a carniceros y pescaderos sería empujarlos a la ilegalidad sanitaria de un “top manta del marisco”, despachando nécoras en un edificio en obras.

El alcalde alega incumplimientos, pero omite que él mismo rechazó una oferta de financiación integral. Xunta (1,4 millones), Diputación (200.000 euros) y los propios placeros (400.000 euros) pusieron sobre la mesa 2 millones para rematar el interior a coste cero para las arcas municipales.

Jácome dijo “no”. Prefiere el conflicto para tapar una gestión errática de la obra, ejecutada por Acciona -hoy bajo la lupa de la UCO-. En su mandato, Ourense perdió una subvención estatal de 3,5 millones de euros para la reforma y aprobó un modificado de obra por la puerta de atrás que encareció la misma en 800.000 euros, una “cacicada” según parte de la oposición. El resultado es el escenario actual: millones perdidos, millones rechazados y Ourense camino de quedarse sin mercado. Quizás este sea el objetivo real, que según algunas tesis es extinguir la concesión de las familias locales para privatizar la gestión en favor de un operador externo.