Prohibido mirar a Jácome

Jácome quiere imponer el apagón informativo e intenta censurar a la prensa para que la única realidad visible sea la que él produce. El alcalde de Ourense anunció este martes la “ley de los 5 minutos” escudándose en que sufre “acoso”, mientras elimina testigos para que la única señal del pleno sea la institucional, realizada por personal de confianza y que acaba nutriendo a Auria TV, canal por el que está siendo investigado al usar recursos públicos para su funcionamiento.

El Concello de Ourense ha dejado de ser una anomalía política para convertirse en un latifundio mediático gobernado por el capricho de un solo hombre. El “magnate” de la televisión local parece tenerle pánico a las cámaras que no controla. Jácome cruzó el martes una línea roja con la imposición de una mordaza oficial en el salón de plenos, quizás por el terror a que un objetivo indiscreto le pille comiendo galletas a deshora, cambiándose los calcetines en medio de un debate o bostezando ante la oposición. Lo que comenzó el martes como un espectáculo bochornoso -intentando mofarse del fotógrafo de La Región Xesús Fariñas llamándole “paparazzi”- derivó apenas unas horas después en una orden marcial comunicada vía Facebook y nota de prensa del Concello. El regidor decretó que fotoperiodistas y cámaras serán expulsados de la sesión tras el arranque. A partir del minuto seis, se baja el telón y se instaura el apagón.

Pero detrás de la delirante justificación oficial -en la que asegura por escrito que las cámaras le consumen “recursos mentales” y le provocan un “estrés” que afecta a su “subconsciente”- se esconde una realidad más sibilina. Jácome no expulsa a la prensa solo porque le distraigan las muecas, sino porque compite contra ella. El alcalde pretende que la única ventana por la que los ourensanos vean su democracia sea la “señal institucional”. Una señal que, si bien se emite también en el canal del Concello, es producida por un cámara contratado como asesor con sueldo municipal; un recurso público que, casualmente, acaba nutriendo la parrilla de Auria TV (su canal privado) y su emisión en YouTube.

La maniobra cierra el círculo de la opacidad instaurada hace tiempo. Jácome, que lleva meses sin convocar ruedas de prensa con preguntas -sustituyéndolas por monólogos-, y que está investigado por la Justicia precisamente por usar personal municipal para su televisión, elimina ahora el contraplano. Ya no habrá imágenes de sus faltas de respeto o de la soledad de la oposición; solo habrá lo que su asesor decida pinchar en la realización pagada con fondos públicos.

“Ataque gravísimo”

El PP califica la medida de “censura” y “ataque gravísimo”, advirtiendo que “la libertad no se regula, se respeta”. El PSOE denuncia la “mala educación institucional”, mientras el BNG lamenta que “ningúen queda a salvo das estupideces deste home”. Pero Jácome parece decidido a gobernar en una habitación cerrada, convencido de que si controla la cámara, controla la verdad. La decisión ha soliviantado a los profesionales. La Asociación de Fotoxornalistas considera “intolerable” que se refiera a trabajadores acreditados como “paparazzis”: “Facemos o noso traballo amparados na liberdade de información”.

La jurisprudencia lo define: “es censura previa”

El Tribunal Supremo sentenció en 2015 que cualquier impedimento a priori para grabar, como limitar tiempos o exigir permiso, constituye una “censura previa” inconstitucional. A esto se suma que es nulo prohibir grabaciones si no hay alteración del orden y que los cargos públicos pueden ser grabados en sesiones abiertas.