Jácome da un paso más y anuncia la retirada de la concesión de la Plaza de Abastos

Gonzalo Pérez Jácome declara la guerra total a la Plaza de Abastos y anuncia la intención de retirar la concesión a los placeros tras ordenar este jueves el desalojo.

En lo que se perfila como una estrategia de asfixia contra los comerciantes, el alcalde ha anunciado este viernes el inicio de los trámites para resolver el contrato de la Plaza de Abastos número 1 alegando un "incumplimiento grave".

Este movimiento supone que el regidor ya no solo busca expulsar a los vendedores del recinto provisional en la Alameda —cuya orden de desalojo fue aprobada ayer por la junta de gobierno local—, sino que ahora pretende arrebatarles directamente la titularidad de sus puestos, borrando los siete años de concesión que legalmente les restan. Esto refuerza la tesis de los comerciantes de que la única intención del alcalde es echar a las familias locales para dársela a un promotor externo.

La maniobra del Concello se sustenta en una supuesta interpretación jurídica.

Según la versión oficial difundida por el gobierno local este viernes, los servicios jurídicos consideran que existe causa de resolución porque la concesionaria "no está cumpliendo su función" al negarse al traslado inmediato.

Sin embargo, esta postura obvia la realidad administrativa actual: la concesión está suspendida mientras los comerciantes ocupan el mercado provisional, del que no pueden irse porque el edificio histórico está sin rematar y el Concello se niega a finalizarlo.

Así, el alcalde pretende cancelar un contrato por "falta de actividad" cuando es la propia administración la que mantiene la concesión en suspenso, y cuando el edificio rehabilitado ha estado envuelto en polémicas por el estado de las obras y los accesos. Xunta, Diputación y placeros se ofrecen a pagar las obras de adecuación, pero Jácome rechaza la propuesta.

La notificación de esta medida se suma a la orden de desalojo del edificio de la Alameda, configurando una pinza administrativa diseñada para no dejar margen de maniobra a los placeros.

Sin embargo, la situación está judicializada y los placeros ya han advertido que pedirán cautelares.