Jácome cobró de forma irregular, según el juez, medio millón de euros

El juez Leonardo Álvarez se muestra muy contundente sobre el cobro del sueldo público de Jácome, que define como “considerable”, en el auto en que imputa al regidor por prevaricación, un delito que conlleva una inhabilitación de hasta 15 años. Las cuentas muestran que entre 2020 y 2025, ambos inclusive, cobró como regidor casi medio millón de euros -432.878-.

Una cantidad que el pleno le podría reclamar. “Puede solicitar la devolución del dinero cobrado indebidamente en caso de que se haya vulnerado la dedicación exclusiva”, señala una fuente cercana al caso.

La imputación se produce precisamente por percibir su sueldo público y al mismo tiempo ingresos en su actividad privada pese a contar con “dedicación exclusiva”, por lo que necesitaba la aprobación del pleno. “Debemos tener presente que es perfectamente posible que durante un período aproximado de siete años el señor alcalde haya venido cobrando de las arcas públicas una suma a la que no tendría derecho en el caso de que el pleno de la corporación no le hubiese concedido la compatibilidad”, indica el auto. Incluso la Fiscalía le reprochó en su día la “situación irregular” en la que se encontraba.

Sobre la compatibilidad, el juez señala que el pleno no pudo manifestarse por el “comportamiento obstruccionista” del alcalde. Además, indica que Jácome era consciente del “grave daño” que se le causaba a las arcas municipales al cobrar su sueldo, al que no tendría derecho si no se le reconoce la compatibilidad discutida.

Al respecto, el juez define como “extraño comportamiento” que el alcalde presentase en su día un escrito solicitando la compatibilidad y después lo retirase cuando se iba a celebrar el pleno que iba a analizar si procedía concedérsela. “Lleva a pensar que en ese momento el señor alcalde tenía plena conciencia de que no se le iba a reconocer la referida compatibilidad”, recoge el auto.

Un escrito de imputación que pone en el disparadero la legitimidad de Jácome a la hora de cobrar el salario público y el perjuicio que el alcalde con su actitud habría causado a las arcas municipales, es decir, a todos los ciudadanos de la ciudad. De hecho, en diciembre del 2021 el pleno adoptó un acuerdo por el que instaba al regidor a renunciar a su sueldo y reintegrar todas las cantidades indebidamente cobradas.

Ingresos privados

A la cuestionable percepción de su sueldo público se suma el secreto que mantiene sobre sus ingresos privados, acerca de los que no rinde cuentas ante la ciudadania. Lo que el auto revela es que no son precisamente residuales, ya que el juez los define como de “cierta entidad”, en especial la dirección de Auria TV.

La sospechas ya apuntaban a ello. Según las declaraciones presentadas ante la Diputación, la base imponible del IRPF del regidor del año 2020 fue de 212.848 euros mientras su salario como alcalde de ese año es de 69.925. Entre ambas cifras hay una diferencia de más de 140.000 euros, lo que indicaba que percibió cuantiosos ingresos en su actividad privada.

Apelaciones al auto

El alcalde ya anunció a través de sus redes que apelara a la Audiencia el auto mientras que la acusación particular, representada por Telmo Ucha, está todavía valorando la opción de recurrir.