Jácome desafía la sentencia que le condenó por vulneración de derechos fundamentales "¿A quién van a creer? ¿A la jueza, a Natalia o a mí?"

Otro pleno del Concello de Ourense para el recuerdo. Lo que sobre el papel figuraba como un pleno ordinario sencillo y rápido , centrado en sanidad, el 8M y las políticas sociales, saltó por los aires al final.

La sesión acabó en crítica judicial cuando llegó el momento de cumplir la condena impuesta al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, por vulnerar los derechos fundamentales de la portavoz socialista, Natalia González.

El regidor evitó el trago y despachó el asunto delegando la lectura de las doce páginas de la sentencia en el secretario, Francisco Cacharro, después de que el Tribunal Supremo inadmitiera la apelación del Concello y condenara al alcalde a leer en el pleno el fallo.

Lectura por delegación y contraataque

Tras la lectura, la concejala afectada tomó la palabra para exigir una disculpa: "Sexa dunha vez valente, porque é vostede un covarde... Pida perdón a todos".

Sin asumir responsabilidades, Jácome optó por cuestionar la resolución judicial, cargar contra la funcionaria municipal que ejerció su defensa y criticar al fiscal acusando a la jueza de aceptar los criterios se un fiscal "de libre designación del PSOE".

El punto álgido llegó cuando, mirando a cámara y dirigiéndose a los ciudadanos, espetó: "¿A quién van a creer? ¿A mí, a Natalia o a la jueza?".

Todo ello, tras admitir que las costas del proceso saldrán del bolsillo de los ourensanos y escenificar, en otra sesión plenaria insólita, su desprecio a la oposición llamando "loca" a la popular Inma Moreiras y "putos comunistas" a los ediles del BNG.

Los hechos: una vulneración de derechos

El origen de este conflicto se remonta al Pleno del 26 de octubre de 2023. Según los hechos probados por la justicia, el alcalde interrumpió a la concejala Natalia González de forma arbitraria e incluso llegó a silenciar su micrófono para impedir su intervención. Jácome realizó alusiones personales contra la portavoz socialista sin concederle el turno de réplica correspondiente, extralimitándose en sus funciones de moderador.

Tras ser condenado inicialmente por el Juzgado de lo Contencioso número 1, el Concello recurrió sin éxito ante el TSXG y, finalmente, ante el Tribunal Supremo, que desestimó el recurso presentado y, por tanto, el alcalde quedó obligado a cumplir la condena por vulnerar el derecho fundamental a la participación política.

El TSXG había impuesto también al Concello el pago de 1.000 euros en costas a favor de la concejala afectada. El propio Jácome criticó el señalamiento de González en redes sociales con la frase "alcalde, me debes mil euros" ya que ese dinero, asegura, "lo deben todos los ciudadanos".

Cierre del pleno

El cierre del pleno sirvió también para que el alcalde confirmara, punto por punto, las noticias desveladas por La Región. Ante las preguntas del BNG, Jácome admitió su maniobra en la Plaza de Abastos. El regidor confesó que intentó revocar la orden de desalojo de los placeros para esquivar las medidas cautelares dictadas por el juez -que considera "un premio" para los comerciantes-, pero un jurídico le instó a retirar el punto de la junta de gobierno.

Ahora, en un giro de guion que llega con meses de retraso, el Concello asumirá, avanzó, la ejecución del proyecto y las obras, con la intención de pasarle la factura a la Diputación, a la Xunta o a los placeros.

También confirmó que los ourensanos pagarán de su bolsillo el famoso accidente del coche oficial: 5.600 euros de coste a las arcas públicas.

Jácome ratificó la información desvelada por este diario sobre cómo una tarta de cumpleaños acabó costando miles de euros a los ourensanos. "Iba al Concello a oficiar una boda y paré a comprar una tarta en la calle Progreso", confesó. El vehículo, conducido por su asesor Francisco Lorenzo, sufrió un siniestro al asomar el morro para salir del aparcamiento. Aunque Jácome insistió en que no creía tener la culpa, admitió que el atestado de la Policía Local es tajante, dictaminando que la infracción fue suya y obligando al Concello a pagar.

También desveló la expansión del parque móvil de Alcaldía, ya que, a preguntas del PP, confirmó la reciente compra de un Dacia que elevará a "4 o 5" los vehículos oficiales, argumentando que "los puede usar todo el mundo, no solo yo".

Todo este intenso final de pleno eclipsó por completo el orden del día. En un segundo plano quedó la aprobación inicial para modificar el PXOM en Vistahermosa para el nuevo hospital del Grupo Recoletas -propietario de El Carmen y Cosaga-, a los que acusó de haber intentado "pegar un pelotazo puro y duro" previamente intentando que el Concello recalificara un suelo rústico en Reza para darle uso sanitario. "Esta gente a lo mejor lo que quiere es compro en rústico, hago un hospital y luego lo vendo por varios millones de euros. Si hay un pelotazo que sea para el Ayuntamiento, pero para que te lleves el dinero para Valladolid, así no. Al final llegaron a un acuerdo con la Diócesis".