Jácome para el desalojo de la Plaza para esquivar al juez

La guerra por la Plaza de Abastos número 1 de la ciudad vive un nuevo y retorcido giro de guion. El gobierno de Gonzalo Pérez Jácome pretende dar este jueves carpetazo a la causa judicial por el desalojo de la Alameda en una maniobra que busca evitar un previsible revés judicial y acelerar los tiempos de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027. Tras el varapalo que supusieron las recientes medidas cautelares dictadas por el juez para frenar el desahucio, el Concello prevé aprobar este jueves la revocación de su propia orden de desalojo de noviembre. Esta aparente rendición legal esconde, en realidad, un movimiento para que decaiga la protección judicial de los comerciantes y lanzar así una nueva ofensiva: asumir de forma unilateral un proyecto de obras que el alcalde se negaba a hacer, intentando ganar el relato.

Para entender la magnitud de esta jugada hay que mirar la compleja telaraña judicial que envuelve al mercado, con hasta cuatro frentes legales abiertos en la misma macrocausa. El primero versa sobre modificaciones técnicas del exterior del edificio, pero la verdadera batalla está en los otros tres. El segundo pleito nace del decreto de abril de 2025, donde el juez ordenó a los placeros redactar el proyecto de traslado para cuantificar las obras, aplazando el debate sobre quién pagaría la factura final. El tercer frente es la orden de desalojo del 27 de noviembre: aquí el juez sí aprobó las cautelares hace unos días, garantizando a los comerciantes seguir en la Alameda hasta que no estén las obras rematadas. Finalmente, existe un cuarto pleito interpuesto por los placeros contra la resolución unilateral del convenio por parte del Concello.

Ante la perspectiva de tener a los placeros protegidos en la ubicación provisional, y sabiendo que una sentencia firme demoraría el traslado más allá del actual mandato, el entorno de Jácome ha diseñado una argucia para forzar la maquinaria. El alcalde anulará este jueves su propia orden de desalojo con la esperanza de que la causa judicial y sus correspondientes cautelares decaigan. Al esquivar una más que probable sentencia en contra que lo dejaría sin margen de maniobra política antes de las elecciones de 2027, el gobierno municipal pivota hacia el segundo pleito y declara la “ejecución subsidiaria” de las obras.

Es en este punto donde las fuentes consultadas alertan del mayor peligro. Jácome venderá un supuesto incumplimiento de los plazos por parte de los placeros para imponer su propio proyecto, asumiendo el riesgo de contravenir abiertamente las disposiciones del juez en esta partida de ajedrez. Los comerciantes temen que el Concello ejecute una reforma “low cost” para intentar cargarles los costes rápidamente y forzar un traslado exprés, dejando como herencia un edificio precario.

Visita al edificio

El detonante de esta acelerada reacción del regidor fue la visita realizada este mismo martes al histórico edificio. Tras meses de cerrojo y boicot institucional, los placeros lograron entrar amparados por el juez junto a su equipo técnico. Auditaron una rehabilitación que, en la práctica, carece de infraestructuras básicas como saneamiento, luz o zonas de carga. Esta inspección era el paso final para entregar en apenas 15 días el exhaustivo proyecto de traslado que el juez les había exigido.

Todo esto ocurre mientras el regidor desprecia una solución financiera real: la Xunta ofrece 1,4 millones y la Diputación 400.000 euros, dejando a los placeros una cuota de 200.000. Jácome rechaza esta ayuda, optando por mantener la joya patrimonial enmarañada en los juzgados y asumiendo el riesgo de generar un nuevo agujero económico para las arcas municipales al tener que hacer frente, previsiblemente, a los gastos del proyecto técnico que están rematando los placeros y que ahora pretende tirar a la basura.