La jueza prorroga la instrucción del fuego que arrasó Oímbra

La magistrada de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción de Verín ha acordado prorrogar la investigación del incendio de Oímbra, que arrasó más de 23.000 hectáreas, tal y como pedían la acusación particular y la popular. Estas reclaman que se practiquen nuevas diligencias y ponen el foco en el teléfono móvil del único investigado, Ramón N.S., el cual todavía no se ha analizado en la causa. Creen que podría revelar información importante para el caso.

La decisión de la jueza es clave para la causa, ya que de no haberla prorrogado el reloj se habría detenido y no se podrían practicar nuevas pruebas ni llamar a declarar a nuevos testigos, algo que las acusaciones privadas no verían razonable dada la magnitud del incendio y sus consecuencias. No comparte esta resolución el abogado defensor, quien ya la impugnó al entender que la instrucción debe finalizar.

Mientras, aún queda por dirimir la petición de la defensa, quien solicitó en mayo el sobreseimiento de la causa al considerar que no existe ninguna prueba que acredite que su cliente, tractorista de profesión, incurrió en algún delito. En este sentido, el abogado argumenta que el 12 de agosto de 2025, día de los hechos, el investigado se limitó únicamente a cumplir con sus obligaciones laborales y a seguir las instrucciones de su empresa.

“No existe, ni se puede deducir de ninguna de las diligencias de investigación practicadas en esta instrucción que el investigado realizara cualquier actuación con imprudencia grave”, señala la defensa, quien niega que la actuación Ramón N.S. causase ningún fuego.

La Fiscalía comparte la postura de que la causa debe ser archivada. Lo hace al descartar un incendio intencionado y que el investigado cometiese una imprudencia grave. “Actuaba siguiendo unas órdenes de trabajo sin que pueda imputársele una mayor responsabilidad por cumplirlas”, señala su escrito. Además, destaca que una vez se originó, Ramón N.S. ayudó en las labores de extinción, tal y como acreditaron agentes de la Guardia Civil.

Una postura contraria es la que mantienen la acusación privada, que representa a los tres brigadistas, y la popular, ejercida por la Federación Galega de Ecoloxistas en Acción. Ambas creen que la causa no se puede sobreseer.