A juicio en Ourense por amenazar a una testigo protegida de trata

En abril de 2023, la Policía Nacional desarticuló una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos. El epicentro de su actividad era un piso ubicado en el número 37 de la calle Bonhome, en la ciudad. A él eran trasladadas mujeres de origen sudamericano para ser prostituidas. Lo hacían en jornadas de trabajo extremas -casi 24 horas diarias-, sometidas a violencia física e inducidas a consumir cocaína. La operación policial se saldó con cinco detenidos en Ourense y dos en Madrid y permitió liberar a las víctimas -adquiriendo seis la condición de testigos protegidas para preservar su seguridad-.

Precisamente, al que los investigadores sitúan como el líder de la organización, Cristian Felipe O.G., quien era propietario del inmueble, se sentó ayer en el banquillo del Penal 1 de Ourense acusado de amenazar a una de las testigos protegidas a través de un tercero. En la vista, que era de audiencia previa, el acusado no aceptó una conformidad, por lo que defenderá su inocencia en el juicio que se celebrará después de verano.

Según el escrito de acusación, la madrugada del 9 de junio de 2024 en una discoteca de Vigo, Cristian Felipe O.G. se aproximó a la expareja de una de las testigos protegidas e intentó influir en el comportamiento de ella a través de él. La Fiscalía sostiene que le dijo a la expareja que era conocedor de que la testigo protegida le había denunciado y le manifestó: “Que aquí no haría nada, pero sí en Venezuela”. Además, le habría proporcionado su número de teléfono para que se lo transmitiese a la testigo. Esto generó en ella una situación de agravio y temor por su vida y la de su familia.

Por estos hechos, el ministerio público solicita que Cristian Felipe O.G. sea condenado a dos años de prisión y una multa de quince meses a razón de diez euros diarios (4.500 euros) por un delito de obstrucción a la Justicia. Por otra parte, interesa también que se le imponga una multa de 600 euros por un delito leve de amenazas así como la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros y comunicar con ella durante seis meses.

El piso de los horrores

Además, el acusado está investigado junto a otras seis personas por su pertenencia a una red de trata que operaba en torno a un piso de citas en el 37 de la calle Bonhome. La vivienda constaba de cuatro habitaciones, donde residían y trabajaban las víctimas. Según los testimonios recabados, no se cambiaban las sábanas tras los servicios a no ser que estuviesen muy sucias y las jornadas eran de casi 24 horas, sin tiempo para descansar. Además, según la investigación, tenían limitados los movimientos -solo iban al supermercado, pero no podían ir a la peluquería ni a pasear- y había cámaras en el piso que controlaban lo que allí sucedía.