La justicia de Ourense logra rebajar el número de casos pendientes

La oleada de casos pendientes en la justicia ourensana ha dado un respiro entre abril y junio tras tocar techo a finales de marzo, cuando por primera vez superaron la barrera de los 18.000. En el segundo trimestre del año la tendencia negativa se revirtió al registrarse un importante descenso, lo que supone un balón de oxígeno. Junio finalizó con 17.310 asuntos en trámite, 1.073 menos que al término de marzo. Esto fue posible gracias a los 11.067 asuntos que se resolvieron en solo tres meses -Civil (6.271), Penal (5.389), Contencioso-Administrativo (408), Social (898)-.

La clave de este descenso se encuentra en la jurisdicción Civil, donde ingresaron menos asuntos que en el mismo periodo de 2024 (4.992 frente a 5.797) y se resolvieron más (6.271 frente a 5.523). Mientras que en el resto de jurisdicciones se resolvieron prácticamente el mismo número de asuntos de los que llegaron nuevos.

Esto permite un pequeño respiro a los juzgados de instancia de la ciudad, que acumulan una importante carga de trabajo y estuvieron a finales de 2024 al borde del colapso. Reclamación de deudas monetarias, pleitos con los bancos, conflictos entre exparejas por la custodia de los hijos o desacuerdos entre herederos por el reparto de los bienes patrimoniales son algunos de los temas que resuelven. De hecho, en torno a la mitad de los casos que ingresan en los juzgados ourensanos pertenecen a la jurisdicción civil.

Lejos de los datos de 2022

Pese al descenso en el segundo trimestre de este año, el número de casos sin resolver sigue todavía muy por encima de los que había en 2022. En el mismo periodo de dicho año había 12.586 casos pendientes, 4.724 menos que al término de junio. Entre medias un aumento del número de nuevos casos, unas plantillas que necesitan refuerzos, la huelga de los letrados de la administración de justicia o la huelga de los abogados del turno de oficio. Esta última todavía sigue obligando a suspender juicios más de un año y medio después de su inicio.

Una de las claves para ver si la situación tiende a aumentar o se revierte definitivamente y se reducen los casos sin resolver es la implantación de los tribunales de instancia, que traerán consigo cuando se terminen de implantar en enero del próximo año importantes cambios organizativos, y el resto de cambios que se introducen en la Justicia con la ley 1/2025. La pasada semana, la nueva presidenta de la Audiencia Provincial de Ourense, Ana María del Carmen Blanco Arce, explicó en una entrevista a La Región que la implantación de los tribunales de instancia es uno de los grandes retos que tiene la justicia ourensana por delante. “La idea que ha inspirado la ley creo que es buena, que es dotar de sistemas más flexibles para reforzar las plantillas de los jueces y magistrados, y yo aspiro a que consiga resultados óptimos”, aseguró.

En los dos juzgados penales ya se estrenaron en septiembre con la apertura del año judicial las audiencias preliminares, en las cuales solo está presente el acusado y su abogado y puede o bien llegar a un acuerdo con Fiscalía y admitir los hechos o no hacerlo y entonces se celebrará un juicio más adelante. Además, hasta esta nueva ley las conformidades estaban limitadas a penas de hasta seis años, un requisito que se ha eliminado y permite agilizar los procesos penales.