Llamar “conseguidor” a Fran Lorenzo no es delito

El silencio de Democracia Ourensana se ha convertido en su condena judicial. El juez Leonardo Álvarez ha tumbado la querella del concejal de DO Francisco Lorenzo contra el portavoz del BNG, Luis Seara, legitimando el uso político de los audios que publicó La Región en los que se recogían conversaciones de Gonzalo Pérez Jácome con su entorno, en las que este se jactaba de saber manejar dinero negro y blanquearlo, exigir mordidas o arreglar licitaciones públicas. El magistrado concluye que, dado que el edil de Urbanismo nunca exigió una rectificación a La Región por las noticias de las “mordidas”, esas informaciones son una base válida para la crítica, por muy dura que sea.

El titular del Juzgado de Instrucción 1 del Tribunal de Instancia de Ourense ha decretado el archivo y sobreseimiento libre de la causa por injurias y calumnias abierta tras el bronco pleno del 6 de noviembre de 2023. El auto exime de responsabilidad penal al portavoz nacionalista y argumenta que no se puede acusar de mentir a la oposición cuando nunca se desmintieron las exclusivas de La Región que destaparon el escándalo.

El conflicto nació cuando Seara espetó a Lorenzo en el salón de plenos: “Vostede non debería estar aí sentado. Debería estar no Pereiro e espero que algún día estea no Pereiro, que é o que merece”.

El magistrado subraya que cuando Seara llamó a Lorenzo “conseguidor” y le acusó de pedir “mordidas” no se lo inventó, sino que se basó enteramente en las informaciones publicadas por La Región en mayo de 2023. El magistrado cita explícitamente los artículos del 9 y 11 de mayo de 2023, donde se detallaba el rol del “conseguidor”, y concluye que existe una “base fáctica” que justifica los ataques de Seara. 

En este punto, el juez Leonardo Álvarez lanza un mensaje contundente: “No se debe olvidar que las noticias en las que el denunciado apoya sus afirmaciones no consta que han sido rectificadas, modificadas o corregidas pese a la gravedad de su contenido”.

La resolución deja claro que al no haber exigido correcciones en su momento, el juez entiende que las informaciones se mantienen vigentes como material lícito para el debate político. En resumen: La Región publicó, DO calló y, por tanto, Seara tenía todo el derecho a usar esa información para fiscalizarle.

Lejos de ver un delito de injurias, el juez enmarca estas palabras en el “derecho a la sana crítica y a la censura” de un concejal a otro. El magistrado razona que, dado que las noticias periodísticas atribuían a Lorenzo conductas que, de ser ciertas, serían “graves y delictivas” (cobro de comisiones), es lógico, lícito y no punible que un concejal de la oposición exprese su deseo de que se depuren responsabilidades penales.

El juez recuerda que a un político (Seara) no se le puede exigir que actúe como un investigador comprobando la “absoluta veracidad” de lo que dice; le basta con apoyarse en un medio de comunicación de acreditado prestigio.

Crítica válida

El archivo de la causa, contra el que cabe recurso, establece un precedente incómodo para el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome, ya que los audios y las informaciones periodísticas sobre presunta corrupción en el gobierno de Democracia Ourensana siguen siendo un arma política válida, precisamente porque el gobierno municipal nunca logró desmentirlos.