Luis Rivera, presidente del Centro Comercial Aberto Ourense Centro: “No podemos perder más músculo comercial”

A menos de un mes de la fecha límite impuesta por el Concello de Ourense -quien ha ordenado el desalojo de las instalaciones provisionales de la Plaza de Abastos número 1 para el próximo 9 de enero y ha iniciado los trámites para retirar la concesión a los actuales placeros-, las reacciones siguen siendo unánimes. Tanto el comercio local como las grandes federaciones de mercados de España han cerrado filas para frenar lo que consideran un atropello sin precedentes.

El último en dar la voz de alarma ha sido el tejido económico de la ciudad. Luis Rivera, presidente del Centro Comercial Aberto Ourense Centro, rompió ayer el silencio advirtiendo de las consecuencias irreversibles de este cierre. Rivera alertó de que la ciudad, tras perder la Cámara de Comercio, no puede permitirse seguir perdiendo impulsos o acabará convertida en “cualquier pueblo de Alaska sin nada”. El representante de los comerciantes considera que el conflicto está en stand-by y que es “reversible” si existe “voluntad” real por las tres partes, pidiendo “sensatez y cordura” a las administraciones para no desaprovechar un “valor diferencial” que pocas ciudades tienen.

La batalla real se libra en el terreno técnico y legal. Alberto González, gerente de la Plaza de Abastos, salió ayer al paso para desmontar los argumentos del gobierno municipal, que acusa a los vendedores de ocupar la Alameda “gratis”. González fue tajante: los placeros pagan “el canon más alto de Galicia” y, al mantenerse en la ubicación provisional y gestionarla ellos mismos, le están ahorrando a las arcas municipales los 200.000 euros anuales que cuesta el mantenimiento del servicio. “Nosotros firmamos un contrato donde las obras duraban 18 meses; nosotros no ejecutamos las obras”, recordó el gerente, subrayando que el retraso es imputable únicamente a la administración y la constructora.

Ante la amenaza de que la Policía Local ejecute el desalojo tras la campaña de Reyes, González se ha mostrado escéptico sobre la viabilidad legal de tal medida, calificando el escenario como una “situación nueva” que no tiene referencia en ningún otro mercado de España. Esta afirmación de “caso único” queda respaldada por una oleada de documentación oficial recibida en las últimas horas desde todos los rincones del país. Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Canarias y el resto de Galicia, las principales instituciones del sector han remitido escritos de apoyo que validan la tesis de los placeros.

La Confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España (Metrae), que agrupa a 156 mercados, ha trasladado su solidaridad, mientras que Fedepesca ha advertido desde Madrid que la pérdida de este espacio sería un golpe letal para la ciudad. La indignación es palpable en cartas como la remitida por José Antonio Fernández, presidente del prestigioso Mercado de la Paz de Madrid, quien ha asegurado a sus homólogos ourensanos que “no os merecéis este trato”. Un mensaje calcado al enviado desde los mercados de Barcelona, Canarias, Santiago y Vigo, quienes rechazan rotundamente el desalojo y la anulación de la concesión mientras no se garantice que el edificio histórico es funcional.

“Folla de ruta oculta”

A este clamor social y económico se suma el frente político con una denuncia sobre las verdaderas intenciones del gobierno local. El BNG aprovechó la presentación de su campaña de apoyo al comercio local para señalar que hay una hoja de ruta oculta del alcalde, al que señala como “único responsable”. Eligiendo el entorno de la Plaza como escenario, los nacionalistas coincidieron en la necesidad de liberar la Alameda, pero matizaron que el retorno solo puede hacerse bajo “condicións óptimas” para trabajar con “un mínimo de dignidade”. La formación reto al alcalde a ser “valente” y destapar su estrategia: “Que diga con claridade que o que quere é cambiar o modelo de xestión da Praza de Abastos e que, para facelo, os praceiros sobran”.