Un mes negro judicial que ya pagan los ourensanos

El escenario político de la ciudad ha mutado. Lo que Pérez Jácome presentó durante años como persecución de la oposición es hoy una constatación de ilegalidades que abren una grieta en las arcas municipales. En solo diez días de febrero, el regidor ha acumulado varapalos del Supremo, cautelares y citaciones como investigado. Una cascada de resoluciones que agota la bula que le permitía operar en los márgenes de la norma. Ahora Ourense empieza a pagar, literalmente, la factura de sus excesos.

Supremo hostigamiento

El primer gran golpe económico y moral de este febrero horribilis llegó desde el alto tribunal. El Supremo desestimó el recurso del Concello por el acoso laboral a la jefa de la Policía Local, María Barrera. El fallo ratifica el hostigamiento y trae aparejada una indemnización de 30.000 euros a cargo de los contribuyentes. Este varapalo se solapó con la firmeza de la condena por vulnerar los derechos fundamentales de la portavoz del PSOE, Natalia González.

Casos previos

Esta tormenta venía precedida de nubarrones. A finales de 2025, el alto tribunal ya anuló la modificación de la jornada laboral impuesta por Jácome, confirmando que utilizó indebidamente la junta de gobierno para esquivar al pleno (sumando otra condena en costas).

A esto se une la negligencia administrativa. En diciembre, el Concello abonó 11.600 euros a la SGAE por impago del canon musical. Las maniobras dilatorias generaron casi 2.700 euros extra solo en intereses de demora. Además, en enero, una sentencia firme obligó a indemnizar con 12.435 euros a un hostelero del Casco Vello: aunque su precinto estaba justificado, el silencio administrativo del Concello ante su recurso derivó en su desahucio.

El caos de personal

El descontrol interno es una auténtica sangría. A mediados de enero, el TSXG ratificó el fallo que obliga a abonar más de 2.900 euros (más intereses y costas) a un policía local por excluir ilegalmente los pluses de sus pagas extra. A esto se suma una cascada de varapalos notificados este mismo mes por ignorar sistemáticamente a la plantilla: desde obligar a abonar de golpe atrasos por exceso de jornada de 2019 a 2025 a un funcionario ignorado desde 2021, hasta autos de ejecución que suponen una ruina en recargos (como las horas adeudadas desde 2015 a un empleado, sumando 2.350 euros extra solo en intereses).

El colmo del despropósito

La cima del caos organizativo es el caso de un bombero que arrastra impagos desde 2017. El juez afeó por escrito los incomprensibles cálculos del Concello y avaló al demandante, imponiendo 4.782 euros exclusivamente en intereses. El ridículo interno llegó a tal punto que la junta de gobierno, tras acordar recurrir el 12 de febrero, aprobó una rectificación de urgencia días después: a la vista de un informe de personal que destapaba sus propios errores, la Abogacía ordenó dar marcha atrás y acatar el auto para no engordar la condena en costas.

Caso Plaza de Abastos

Esta semana la Justicia asestaba un golpe crítico a su proyecto estrella. La suspensión cautelar del desalojo de los placeros de la Alameda supone un freno total al regidor. El auto destapa la cruda realidad. El edificio histórico carece de suministros básicos. Un revés que se agrava en lo económico, ya que el juez ha tumbado la desproporcionada caución de casi tres millones exigida por el Concello para paralizar el desahucio, rebajándola a apenas 50.000 euros anuales.

La sombra del banquillo

El frente más potente se dirime en el Tribunal de Instancia. La reciente declaración de Jácome ante el juez Leonardo Álvarez por presunta apropiación indebida de fondos está a la espera de la posible apertura de juicio oral. La investigación trata de determinar la legalidad del cobro de su salario como alcalde desde 2019, con dedicación exclusiva, mientras facturaba a través de su televisión sin pedir compatibilidad al pleno. Ya no hay margen para cortinas de humo.