La gestión del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) se disputa por tres entidades

Tres entidades sociales lucharán por la gestión del nuevo Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) en el barrio de Barrocás, Ourense, que ha construido la Xunta y será gestionado por empresas de índole social, en principio a partir del 1 de abril.

El pasado 24 de febrero terminó el plazo para que las entidades sociales interesadas presentasen sus ofertas para gestionar el centro y ha habido hasta cuatro propuestas, según dio a conocer la mesa de contratación de la Consellería de Política Social.

Las entidades que optan al contrato son la Fundación San Rosendo, la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Cogami y la Fundación Menela, y la institución Casa Nuestra Señora de Fátima y Cristo Rey, perteneciente a la congregación Esclavas de la Virgen Dolorosa. La cuarta oferta, de la UTE Agasfra-Aspadisi, fue excluida debido a un incumplimiento en la normativa relacionada con la documentación necesaria para su presentación.

Este contrato de gestión externa, valorado en 14 millones de euros y con una duración de tres años, ha desatado críticas entre algunas familias, puesto que Ourense será el único centro, junto al de Ferrol, de este tipo con un modelo de funcionamiento diferenciado y no gestionado directamente por la Xunta.

En el modelo adoptado en el resto de Galicia hasta ahora en los CAPD, estos eran gestionados directamente por la Xunta, lo que ha llevado a las familias de los potenciales usuarios del centro a manifestarse en contra y a pedir explicaciones sobre este giro en la estrategia de atención. Desde 2016, a través de la plataforma ProCAPD, estas familias han luchado por mantener la gestión pública directa del servicio, considerando que esta es la forma más efectiva de garantizar la calidad de la atención.

Desde la Xunta, trasladaron este miércoles respeto al proceso de licitación, a la espera de conocer la decisión resultante del concurso. “Las mesas de contratación están formadas por funcionarios independientes y es un proceso perfectamente reglado con todas las garantías y no hay nada que decir hasta que concluya el proceso”, señalaron ante el estado del procedimiento.