Una ourensana, a juicio por engañar a una pitonisa para que limpiara su casa

Apenas habían transcurrido doce minutos desde el inicio de la vista oral por un delito continuado de estafa cuando la magistrada Susana Pazos ordenó la suspensión del juicio ante un complejo cruce de acusaciones donde las fronteras entre víctima y verdugo se desdibujaron. Mientras la denunciante relata un caso de sometimiento y trabajos comunitarios bajo el pretexto de eludir la cárcel, la defensa esgrime una trama de codependencia, engaños esotéricos y pruebas prefabricadas.

El juicio se paralizó durante la declaración de la denunciante, Amparo M.S. El abogado de la acusada Elena I.B. había presentado al inicio de la sesión 16 justificantes de ingresos bancarios, por importes que oscilan entre los 2,49 y los 150 euros. El detonante de la suspensión llegó cuando se le preguntó a Amparo por dichas aportaciones en su cuenta: la supuesta víctima negó rotundamente haber recibido ese dinero. Dado que el número de cuenta reflejado en los justificantes exhibidos por la defensa coincide con el suyo, la magistrada decidió suspender la vista a fin de realizar las comprobaciones pertinentes para determinar si esas transferencias son reales y llegaron a ejecutarse.

Antes de la suspensión, Amparo sí prestó declaración, ratificando el escrito de acusación de la Fiscalía. Según esta versión, el delito se fraguó en 2022, aprovechando que Amparo atravesaba una depresión y estaba medicada. Eran amigas y se contaban muchas confidencias.

“Llevaba al parque a tres niños y una mascota”

A través de cuatro líneas de teléfono a su nombre, la acusada, a través de WhatsApp, suplantó presuntamente a distintos personajes. En sus mensajes, adoptó las falsas identidades de un jefe de policía llamado Miguel, un agente de nombre Roberto -que decía ser hijo del exalcalde Manuel Cabezas- y una fiscal. “Yo salía con un chico y me dijo que él tenía antecedentes y que para evitar ir a prisión debía realizar labores en su casa”, en referencia a trabajos en beneficio de la comunidad. Bajo el temor a ser encarcelada, Amparo asegura que trabajó sin contraprestación alguna en el domicilio de Elena, realizando tareas domésticas y cuidando de tres menores y una mascota. Las jornadas, que comenzaron en junio de 2022 siendo de siete horas semanales, se ampliaron hasta las doce horas de lunes a domingo, finalizando en enero de 2024 cuando se interpuso la denuncia. Afirma que no solo no cobró, sino que llegó a entregar 100 euros de su bolsillo en concepto de manutención.

El relato dio un vuelco radical fuera de la sala. Entre lágrimas en los pasillos del juzgado, Elena I.B. ofreció una versión bien distinta: la víctima es ella y la denunciante, una supuesta pitonisa que se aprovechó de su vulnerabilidad emocional. Según Elena, se conocieron en 2016 cuando acudió a Amparo para que le echara las cartas del tarot a cambio de 20 euros.

En pleno proceso de divorcio, asegura que la vidente le ofreció sus servicios para evitar que su marido la abandonara. “También realizaba ‘endulzamientos de amor’ y actos de brujería por valor de 200 euros”, explicó a la hora de tallar la carta de servicios de la que fuera su amiga. “Me decía que podía hacer que alguien enfermase”, relató, describiendo una relación que generó “codependencia” y que llevó a Amparo a estar permanentemente en su vivienda.

Elena negó la trama de los falsos policías en WhatsApp. Argumentó que Amparo, al tener acceso constante a su hogar, utilizó sus datos personales para dar de alta las líneas telefónicas y crear los mensajes incriminatorios como una prueba de cargo falsa (creadas ad hoc). La motivación de esta denuncia, según la acusada, sería estrictamente económica: Amparo sabría que Elena iba a percibir una ayuda institucional para el cuidado de un hijo enfermo. “Casi agradecí que me denunciara porque así salió de mi casa”, concluyó la acusada. Por el contrario, Elena sostiene que era ella quien asistía a Amparo, proporcionándole alimentos de entidades sociales, tabaco y “hasta pagaba recibos y medicamentos”.

La Sección Penal se enfrenta al reto de desenmarañar esta historia cuando se reanude el juicio. La Fiscalía exige, además de la pena de dos años de prisión, una indemnización económica para Amparo por el tiempo que trabajó gratis, 20.719 euros.