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El título de la capital de provincia con mayor morosidad municipal de España cambia de manos. El Concello de Ourense acaba de consumar el sorpasso al Ayuntamiento de Jaén, una administración históricamente lastrada por los impagos -encabezaba esta clasificación desde hace más de un lustro- pero que, en los últimos meses, ha logrado reconducir sus cuentas.
Mientras la ciudad andaluza respira y recorta plazos, el tejido empresarial ourensano se ahoga en una maraña burocrática que retrasa el cobro de las facturas cuadruplicando los límites legales.
Como certifican los últimos registros municipales, el Ayuntamiento de Jaén (en su entidad matriz) consiguió rebajar su periodo medio de pago a la cifra de 80,61 días el pasado mes de junio, su nivel más bajo en décadas -solía estar por encima de 200 días-. Por el contrario, el Concello sigue escalando su nivel de morosidad y cerró el sexto mes del año con 119,27 días de periodo medio de pago de facturas en su entidad matriz, según el informe de la Tesorería municipal.
Esta parálisis, no obstante, no pilla a nadie por sorpresa. El alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, se vio obligado en junio -sabedor de que acabaría convirtiéndose en la capital más morosa de España- a poner la venda antes de la herida y reconocer públicamente el grave problema que arrastra la institución con los proveedores, admitiendo el profundo atasco burocrático que mantiene bloqueados los pagos de los expedientes y que complica el día a día de las pequeñas y medianas empresas que prestan servicio al municipio. Eso sí, culpó de todo a los técnicos, en concreto al servicio de Intervención.
El Concello asfixia a sus proveedores, y eso le acaba de valer un tirón de orejas del propio Tribunal de Cuentas. El principal órgano fiscalizador del Estado ha dejado constancia de ello en su “Informe global del sector público local” correspondiente a 2024 y publicado hace dos semanas. Cuentas incluye a Ourense en su particular lista negra y señala al Concello por su desorbitado periodo medio de pago. Pero el varapalo va más allá: el órgano fiscalizador amonesta a Ourense por incumplir el plazo legal para rendir su cuenta general y por ocultar la relación de los convenios formalizados.
La crisis de morosidad que sufre el Concello se instala en los juzgados. Al sorpasso en el ranking nacional a Jaén se suma el listado oficial de facturas “excluidas” al cierre del segundo trimestre: más de 20 millones de euros en recibos sin tramitar que superan los tres meses de antigüedad. Un pozo contable en el que se acumulan impagos a suministradores de luz, limpieza o grandes servicios.
Cansadas de esperar, las empresas exigen sus pagos por la vía judicial. El Tribunal de Instancia número 2 acaba de dictar un auto de medidas cautelares para exigir el “inmediato pago” de 5.427 euros a Mekane Didáctica por una campaña de animación lectora contratada en 2025 y no abonada. En paralelo, la firma Novavial ha logrado una condena firme para que el municipio le liquide los intereses de demora por facturas fuera de plazo, mientras la constructora Acciona ha demandado al Concello exigiendo recargos por el retraso en las certificaciones de la obra de la Plaza de Abastos. Un reguero de pleitos que acaba costando dinero extra a las arcas públicas.
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