El pleno más táctico deja en el aire el presupuesto municipal de Ourense

El pleno del Concello de Ourense se enfrenta mañana viernes a una de sus sesiones más inciertas, con la aprobación inicial del Presupuesto de 2026 (127,8 millones) sobre la mesa. El debate económico ha quedado eclipsado por una partida de ajedrez táctica. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, llega en minoría, con un expediente incompleto y en el último día hábil antes de que la Ley Electoral (LOREG) le prohíba vincular las cuentas a una cuestión de confianza al entrar en el último año de mandato.

La gran debilidad del documento son sus carencias técnicas, concretamente la ausencia del informe preceptivo de Intervención. El BNG ya ha avanzado su maniobra que exigirá que se traigan los informes antes de tratar el punto. “Nós fixemos emenda de devolución, cremos que non é normal ter o expediente incompleto. Falta o informe máis importante e pediremos que se incorporen os informes que faltan antes de debatelo”, confirmaba ayer su portavoz, Luis Seara. Si el BNG (4 ediles) la retirada del punto de orden del día, necesitarían el apoyo de PP (7) y PSOE (6) para tener mayoría sobre los 10 ediles de DO.

El PSOE confirmó también que votará en contra del presupuesto, mientras los populares juegan al despiste. Su portavoz, Ana Méndez, reafirma su postura crítica ante unas cuentas presentadas “unilateralmente, sin diálogo, sin informe de Intervención y sin aceptar ninguna enmienda”. Sin embargo, mantiene la incógnita: “Reservamos para el pleno el sentido del voto”.

Tres escenarios

Si el PP opta por abstenerse, se aprobarían las cuentas, pero si antes algún grupo solicite la retirada del punto y logra mayoría simple de apoyos, el presupuesto no se votaría, lo que impediría al alcalde activar la cuestión de confianza.

El tercer escenario, el rechazo unánime en la votación (PSOE y BNG ya lo tienen decidido), podría ser paradójicamente el más rentable para el regidor. Le permitiría convocar un pleno urgente para someterse a la cuestión de confianza. Al no superarla, se abriría un mes para que la oposición intente una quimérica moción de censura. A cambio, Jácome lograría una cortina de humo de 30 días, centrando el foco en la oposición y no en su imputación.

Sin embargo, esta huida hacia adelante es todo un laberinto. La jurisprudencia establece que superar la cuestión de confianza equivale a una aprobación inicial. Esto obligaría a someter el documento a 15 días de exposición pública. La Ley de Haciendas Locales permite alegaciones por “defectos de forma”, un supuesto que encaja con la falta del informe de Intervención esgrimida por la oposición. Si se registran estas alegaciones, la normativa obligaría a devolver los presupuestos a un pleno, dilatando la agonía hasta bien entrado el verano.